Vecinos de La Chana denuncian que un nuevo bloque invade su calle

Las aguas bajan revueltas por la calle Tiburón de la barriada de Las Torres, en el Distrito Chana, a raíz del levantamiento de un edificio de viviendas en dicho lugar. Los propietarios de los números 6 y 8 de esa calle denuncian que la construcción del nuevo inmueble, iniciada en 2007, invade una parcela que pertenece a su comunidad.

Los vecinos aseguran que ese trozo de calle no es de titularidad pública, sino privada, y que, por tanto, las actuaciones de rehabilitación del mobiliario urbano acometidas por la constructora del nuevo inmueble no pueden ocupar los 1.400 metros cuadrados contemplados en las escrituras como "viales particulares y zonas comunes de la Comunidad de Propietarios". El documento señala que ese espacio no es sino parte del total de los 2.700 metros de parcela que ocupa el complejo urbanístico, pues los 1.300 restantes corresponden al bloque en sí mismo.

Los moradores se quejan de que las actuaciones en el solar contiguo no sólo les privará de plazas de aparcamiento, sino también de zonas ajardinadas. "Además de eso nos han puesto una salida de garaje en nuestra calle y han reducido los salientes de una de las aceras", denunciaba ayer Rafael Mata, administrador de la finca y propietario de uno de los inmuebles, quien confirmó que, llegado el momento, la comunidad estaría dispuesta a denunciar ante los tribunales una situación que lleva intentando arreglar desde el año 2007.

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de la capital, Paco Puentedura, acudió ayer hasta el lugar para entrevistarse con los residentes. Puentedura aseguró que, en caso de estar ellos en lo cierto, "el Consistorio podría estar incurriendo en un delito de prevaricación al no constar en ningún documento de la comunidad la cesión de estos viales por parte de la misma, ni la declaración de titularidad pública del inmueble para su posterior expropiación". Las dos maniobras con las que, según el edil, se puede convertir en pública una vía privada.

Puentedura fue más allá, y confesó que, a lo largo del día de hoy, pedirá una "copia del expediente y estudio de detalle, así como otra del plan parcial y de los documentos que acrediten la titularidad de esta calle transversal".

El Grupo Municipal de Izquierda Unida calificó este hecho de "muy grave", pues "el Ayuntamiento debe dar respuesta a los vecinos y negociar con ellos. La comunidad incluso está dispuesta a ceder al Ayuntamiento estos viales particulares si se urbaniza la zona y se recupera como espacio público".

Los vecinos denuncian que el Ayuntamiento se escuda una y otra vez en el PGOU de 2001. No en vano, aseguran que en marzo de este año un técnico municipal se remitió a dicho plan ante uno de los varios escritos efectuados para contactar con el Consistorio.

La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital, Isabel Nieto, negó las presuntas irregularidades asegurando que "hay veces que existen dudas de si una calle es pública o particular; y en este último caso el Ayuntamiento no podría haber obligado a una constructora de otra parcela a hacer trabajos de acondicionamiento de la misma". La edil zanjó que "para que exista delito, tiene que haber dolo, y eso no sucede por poner unos bordillos".