Tras dos años de investigación bajo secreto de sumario, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acaba de procesar a 14 personas, entre ellas el excomisario José Manuel Villarejo y un policía nacional destinado en Granada por colaborar desde esta ciudad en el supuesto espionaje del exjuez y abogado Francisco Javier de Urquía y uno de sus clientes. 

En el auto fechado el pasado 12 de junio, al que ha tenido acceso este periódico, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid considera que hay indicios suficientes para continuar la causa contra Villarejo, sus colaboradores y los empresarios que habrían encargado el trabajo en la pieza número 6 del llamado caso Tándem, donde se investigan diversas actuaciones presuntamente delictivas llevadas a cabo por el excomisario y de las que dejó constancia mediante la grabación de todo tipo de conversaciones, ahora en manos de las autoridades.

El magistrado ha acordado en el auto dirigir el procedimiento contra 14 personas por los delitos de extorsión y descubrimiento y revelación de secretos, todo ello relacionado con la información sensible que el grupo de Villarejo se encargó de recabar sobre el antiguo juez De Urquía (que fue condenado por cohecho por el TSJA y apartado de la carrera judicial) y un empresario a quien este representaba en ese momento como abogado. 

En esas tareas de seguimiento, escuchas y localización de datos confidenciales sobre las personas marcadas con objetivo es donde encaja el papel de J.M.G.E., funcionario policial destinado en la Unidad de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía de Granada en aquel momento.

Este agente habría proporcionado desde Granada, a una detective privada que trabajaba para Villarejo (también procesada), "información reservada" del empresario y de Francisco Javier de Urquía (los objetivos de la supuesta extorsión), "obtenida a través de accesos ilegítimos a bases de datos policiales". Según el magistrado, el agente actuó "con abuso de las funciones propias de su cargo y con conocimiento de los fines pretendidos".

A través de las tareas encomendadas al agente en Granada y otros colaboradores, la detective encargada de Villarejo habría obtenido "imágenes íntimas de Francisco Javier de Urquía Peña relacionadas con su salud (consumo de cocaína y en compañía de mujeres, según aparece en la relación de pruebas), y otra información de carácter profesional con vulneración de su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y a su secreto profesional como letrado, a través de la utilización de dispositivos electrónicos de captación de imagen entre enero y marzo de 2017".

El magistrado de la Audiencia Nacional concluye que "los indicios existentes y obrantes en las actuaciones han permitido corroborar que la actividad iba mucho más allá de un mero contrato de prestación de servicios de detectives, constatándose que José Manuel Villarejo y Rafael Redondo (su abogado) ofertaron a sus clientes (empresarios asociados con el supuesto extorsionado) un servicio dirigido a solventar una "situación de crisis", que incluía la obtención, de forma ilegal, de informaciones y datos de carácter reservado y confidencial".

En el desarrollo de dichos servicios de "inteligencia, de análisis de información, de asesoramiento y de intoxicación informativa", habrían participado activamente una serie de personas, detectives y el agente de policía de Granada para "la obtención ilícita, análisis y traslado de dicha información reservada". El agente estaría situado como parte de la "organización criminal" que supuestamente dirigía Villarejo y que es objeto de investigación en la pieza principal de esta causa.