La relación entre la empresa que construyó el edificio Progreso de Granada -donde el Partido Popular o el Colegio de Médicos compraron su sede a esta sociedad- con la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional por el caso Banco Popular ha llegado a la jueza que investiga la macrocausa Nazarí, de presunta corrupción municipal, a través de un escrito aportada por una de las acusaciones. 

La investigación sobre la construcción de este edificio, situado entre el Zaidín y Los Vergeles, forma parte de la causa Nazarí que comenzó en 2016 con la gran operación policial en la que fue detenido el exalcalde de la ciudad José Torres Hurtado, la concejal Isabel Nieto, altos cargos municipales y empresarios de la ciudad como Roberto García Arrabal. La jueza de instrucción delimitó este asunto en una pieza separada, llamada Progreso, por el nombre del inmueble.

Como otros importantes edificios de Granada, entre los que están el Comercial Serrallo o el Forum de Negocios, fue levantado entonces por la empresa de la familia García Arrabal, que además contaba con el Banco Popular como socio. En teoría, el promotor granadino se desvinculó de esta sociedad a finales de 2014 mediante unas operaciones de venta a firmas de Luxemburgo, extremo que fue recogido en sus  informes por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía.

Tras esas supuestas desvinculaciones a través de las sociedades extranjeras relacionadas con otras empresas pantalla ubicadas en paraísos fiscales, la sociedad cambió de nombre a Taler Real Estate y quedó como propietaria de un patrimonio millonario en la ciudad. Tras la quiebra del Banco Popular, la Audiencia Nacional investiga un supuesto procedimiento seguido por el banco para refinanciar empresas participadas que estaban muy endeudadas a través de esos procesos de venta a firmas de Luxemburgo. 

El Juzgado Central de Instrucción número 4 mantiene abierta una causa en la que Taler Real Estate está siendo investigada por esas operaciones de compraventa de acciones y de refinanciación de deuda que podría ser fraudulenta y que podría haber hecho perder dinero a muchos inversores que acudieron a la ampliación de capital del banco antes del desastre.

Los investigados del caso Nazarí han pedido al Juzgado el sobreseimiento de la pieza del edificio Progreso y en ese contexto, la acusación popular de Ramón Arenas ha remitido un escrito a la jueza de esta causa en el que explica que, entre otros motivos, el archivo sería precipitado por su vinculación al caso del Banco Popular en la Audiencia Nacional.

"Debemos ya dejar constancia en esta pieza para futuras y más amplias imputaciones que esta sociedad actualmente está siendo investigadas en Diligencias Previas de Procedimiento Abreviado número 42/2.017 ante el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de Madrid, en una de las dos piezas separadas por el Instructor,Magistrado Sr. Calama Teixeira, en la que se investiga al equipo del anterior presidente del Banco Popular Español S.A., el Sr. Ron, por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2.016", expone la acusación en su escrito al juzgado de Granada.  

Esta parte desvela incluso que "en breve" serán incorporados los datos e informes del caso de Granada a las diligencias del Juzgado Central de Instrucción que lleva el magistrado Calama.  

Entre la documentación aportada ahora por esta acusación a la jueza figuran varias informaciones periodísticas de Granada Hoy, que ya adelantó hace meses los vínculos entre la investigación en la Audiencia Nacional y la sociedad propietaria de grandes edificios en Granada como el Serrallo o el inmueble Progreso.

Este edificio alberga en sus bajos delanteros la sede del Colegio de Médicos de Granada y la del Partido Popular de la provincia. En el primer caso la compra fue directa, pero en el segundo, el del PP, la adquisición se produjo varios años después, tras estar mucho tiempo de alquiler. García Arrabal firmó un contrato de arrendamiento con opción a compra con el partido político que entonces gobernaba en la ciudad y en la Diputación. 

Uno de los problemas por los que se comenzó a investigar este edificio fue el uso de los subterráneos, dado que fue habilitado como salas de reuniones, lo que algunos informes técnicos consideran contradictorio con lo establecido en el PGOU. 

Esta pieza separada del caso Nazarí está también pendiente de recientes diligencias de investigación pedidas por la jueza. Acaba de llegar información detallada del Registro de la Propiedad y del Catastro. La acusación popular argumenta también, en contra de la petición de archivo, que los nuevos documentos demuestran que el Ayuntamiento concedió la licencia a este edificio a pesar de que la empresa promotora no había pagado las cargas económicas que tenía pendientes con el Consistorio y que aún figuran en la documentación registral. 

"Tan precipitada como improcedentes es la petición de archivo que, además de lo anterior, esta parte ha llegado a tener conocimiento que las cargas urbanísticas por compras de aprovechamientos al municipio aún constan anotadas en el Registro de la Propiedad número 3 de Granada, y que terceros adquirentes de inmuebles en el ámbito de la parcela investigada extraños a Taler Real State S.L., han intentado la cancelación mediante documentos elaborados “ad hoc” por el Ayuntamiento de Granada actualmente a pesar de la presente investigación", sigue exponiendo la acusación popular.