VOX Granada ha alertado de que la empresa TEC PHARMA, contratada por el Gobierno de España para la adquisición de 200 respiradores mecánicos durante los meses más duros de la pandemia y en los que más vidas se cobró el Covid-19, ha obtenido un beneficio millonario por la compra de estos dispositivos médicos, que costaron a los españoles 9.200.000 euros. Esta contratación ha sido cuestionada por el Grupo parlamentario de VOX en el Congreso de los Diputados y se han realizado varias preguntas al Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre los criterios para la contratación mediante un procedimiento negociado sin publicidad, así como el verdadero objeto social de la empresa o si existe relación familiar de algún asesor gubernamental con los dueños de TEC PHARMA.

Según ha informado en un comunicado el gestor de VOX Granada, Ángel Luis Onoratto, "la empresa -con domicilio social en el municipio de Armilla- resultó ser la única oferta presentada en el procedimiento de licitación y posterior adjudicación de más de nueve millones de euros por vía de tramitación de extrema urgencia". En su momento, "a todos nos pareció llamativo que sólo concurriese un solo licitador, además del sobreprecio de los respiradores objeto del contrato, tres veces superior al convencional de mercado, y que dicha empresa incurriera en un incumplimiento del contrato que tenía plazo ejecución de dos meses desde el 6 de abril, pero los entregó en agosto: nos preguntamos cuántos españoles fallecieron por no disponer de estos respiradores a tiempo".

"No sabemos el destino o las UCI a las que se llevaron los respiradores. No conocemos el acta de recepción del material, si llegó en buenas condiciones o si funcionaba correctamente. Tampoco si el Gobierno penalizó a la empresa por el retraso en la entrega -que puede llegar hasta el 10% del presupuesto o precio de licitación y adjudicación-. Tampoco se corrigió la publicación de los datos de la empresa -se omitió publicar ‘Armilla’ en el BOE de corrección del 12 de mayo de 2020", ha revelado Ángel Luis Onoratto.

La empresa TEC PHARMA EUROPE acaba de presentar sus cuentas en el Registro Mercantil y desde VOX Granada "encontramos muchas dudas en los números de dicha empresa que deberían ser aclaradas por TEC PHARMA y por el Gobierno, entre ellas las partidas de gasto y beneficio", ha explicado el gestor provincial. "En el año 2020, TEC PHARMA -que tiene como socio a Armin Ghodsian Bazaz Bazarian y como apoderada a Ameneh Bazaz Bazarian- ha recibido dos contratos con la administración pública y una subvención para su digitalización. Dicha empresa tiene un capital social de 3.000 euros y fue creada en enero de 2019, pero no posee ningún histórico de actividad. TEC PHARMA EUROPE, además de estos dos concursos públicos con la administración, no tiene más actividad; es decir, vive de la administración".

TEC PHARMA, en sus cuentas de pérdidas y ganancias, “recogió en el año 2019 un saldo de 29.729,82 euros y en el año 2020, sorprendentemente, 3.890.035,74 euros", ha finalizado Ángel Luis Onoratto.

La diputada por Granada y secretaria general del Grupo Parlamentario de VOX, Macarena Olona, ha registrado en el Congreso varias solicitudes de documentación, unas preguntas sobre las supuestas irregularidades que rodearon la adquisición de 200 respiradores mecánicos, pero las respuestas del Gobierno de Pedro Sánchez “han sido poco esclarecedoras y sospechosamente escuetas", han apuntado desde VOX.

En concreto, Macarena Olona ha preguntado sobre el domicilio real de la empresa TEC PHARMA –dados los errores publicados en el BOE de 12 de mayo de 2020-; cuáles han sido los criterios para efectuar la adjudicación de la licitación del contrato a esta empresa; qué razón aduce el Gobierno para justificar el uso del procedimiento ‘negociado sin publicidad’ en un contrato que se adjudicó más de un mes después de la irrupción del coronavirus, es decir, cómo puede justificarse que en el mes de abril –varias semanas después de la declaración del Covid-19 como pandemia- éste pudiera seguir considerándose un “acontecimiento imprevisible”; y si tiene algún miembro o asesor del Gobierno relación de familia o amistad con los titulares o trabajadores de la empresa adjudicataria, o bien con quienes hayan actuado como intermediarios entre aquel y ésta en la presente contratación.