El aborto: ¿ley de plazos o indicaciones?

Hace dos semanas la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, sorprendió al anunciar una nueva ley del aborto, algo que lleva planteando el PSOE desde 1994 pero que nunca ha formalizado. Y el anuncio, que muchas mujeres llevan esperando años, ha generado controversia al tratar un tema en el que la moral y los ideales van por encima de otras cuestiones como los aspectos médicos.

De hecho, sólo con el anuncio se han disparado las reacciones, de todo tipo. Pero habrá que esperar a que se haga el texto final para saber de qué se trata y qué contempla. Porque tampoco se ha dejado claro si lo que se va a elaborar es una ley de plazos o de indicaciones, como la que ahora hay. La diferencia es que una ley de plazos (como la que existe en países como Holanda, Alemania o Suiza) establece un máximo de semanas de aborto 'libre', normalmente entre 12 y 14, y luego unas indicaciones médicas y sociales que permiten ampliar el plazo hasta las 24 semanas, según el país; mientras que la de indicaciones sólo registra ciertos supuestos (en España tres: riesgo para la salud física o psíquica de la mujer, violación o malformación en el feto) en los que está permitido el aborto hasta un máximo de tiempo de gestación.

En Europa ganan las leyes de plazos, pero son muy variadas. En Malta está prohibido totalmente y en Holanda, la más abierta, es libre hasta las 24 semanas.

Lo único que está claro es que la ley del aborto "será nueva", no una remodelación o ampliación de la actual, de 1985. También se ha hablado de incluir un nuevo supuesto, el cuarto, que sería el embarazo no deseado.

Mientras se redacta, el Ministerio tendrá también detrás, además de a partidos como el PP o la Iglesia Católica, que ya han manifestado su rechazo y que alegan la defensa del 'no nacido', recogida en una sentencia del Tribunal Constitucional; a organizaciones y colectivos que, estando a favor, esperan que no se ceda y se cree una ley con parches. No obstante, la ministra asegura que "será la mejor posible" para garantizar los derechos y la seguridad jurídica de las mujeres y los profesionales que lo practican, la igualdad territorial y que "incorpore lo mejor de la legislación del mundo". Además, prometen consenso y debate "serio, sosegado y de altura" aunque sin la opción de ceder.

A la expectativa están, por ejemplo, en la Plataforma pro-derecho al aborto de Granada. Una de sus integrantes (aunque en la misma plataforma hay distintas opiniones, desde la ley de plazos hasta la despenalización total), Fina Betancor apuesta por "una ley de plazos con indicaciones en las que se ponga como tope la viabilidad fetal fijada por la Organización Mundial de la Salud". Ésta llega a las 24 semanas, cuando el feto es capaz de sobrevivir fuera del útero. "Dentro de ese tope, lo más amplia posible".

Fina argumenta su postura en que hay muchas patologías fetales que no se diagnostican hasta pasada la semana 20, por lo que la legislación actual supone un problema.

"Por esta situación, a los plazos hay que poner indicaciones para ayudar a estas mujeres". Además, espera una cobertura publica, igualdad y que se regule la objeción de conciencia, "que sea individual, no de un servicio entero; que conlleve incompatibilidad con cargos y que sólo la puedan declarar los que intervienen directamente en la interrupción", matiza Fina.

Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai) y directora de GineGranada, Francisca García, asegura que el cambio de ley "es la única manera de solucionar los problemas que han ocurrido en España" respecto a la práctica del aborto y matiza que, aunque no estén en el comité de expertos que asesorará al Gobierno, velarán por los derechos de las mujeres y los que lo practican. "La reforma tendría que dar la opción hasta la viabilidad fetal, ya que se garantiza así eliminar el conflicto entre el no nacido y el derecho de la mujer ya que no sólo se trata de nacer cuando hay latido sino con calidad y con un desarrollo que permita la supervivencia sin problemas".

El Ministerio ha creado ya la comisión de expertos que asesorará sobre la ley y creará una subcomisión en el Congreso. Quiere llevar el texto a la Cámara Baja en el primer semestre de 2009.