Las academias privadas echarán a 800 trabajadores si la Junta no paga

Desde hace unos meses raro es el día que no hay una concentración de protesta por los recortes, por los impagos de las administraciones, por los despidos en empresas o por la pérdida o cierre de servicios públicos. Y la tendencia no cambia. Por contra, va en aumento y lo que se espera es que las protestas de los ciudadanos vayan a más en vista de lo que aún se avecina. Ayer, la ciudad vivió tres concentraciones de trabajadores de las academias privadas, de expropiados por la Junta para hacer el Metro y de profesionales sanitarios. Las dos primeras tuvieron incluso la misma ubicación, la sede de la Junta de Andalucía en Granada, porque sendas protestas reclamaban lo mismo: el pago de su deuda.

En el caso de las academias, la situación de asfixia por el impago de la Junta en concepto de cursos para desempleados -calculado en unos 40 millones de euros- hace que los centros granadinos integrados en la Federación de Empresas de Formación de Andalucía (Cecap) estudien impulsar un Expediente de Regulación de Empleo que afectaría a 800 empleados.

Así lo explicó ayer a Europa Press Antonio Naranjo, uno de los representantes de la Asociación Granadina de Centros de Formación (Agap), durante su concentración frente a la sede de la Junta. Además, Naranjo aseguró que muchas academias privadas deben varias nóminas a sus empleados y que otras han iniciado ya despidos ante los impagos, que se remontan a 2007. Desde Agap se estudia también la posibilidad jurídica de incluir en el justificante de gastos que se entrega a la Junta los intereses que los bancos están cobrando a las academias por los citados cursos ya que los empresarios se han visto obligados a buscar financiación externa para poder asumirlos mientras la Junta no pague.

Pero el problema va más allá y el futuro del sector entero está en peligro porque, aseguran, no se ha elaborado la programación de cursos para el año que viene, lo que dejaría sin la posibilidad de reciclarse laboralmente a 5.000 parados.

Reclamando también el pago a la Junta estaban los afectados por las expropiaciones del Metro en el tramo entre Albolote y Maracena, cinco empresas y una veintena de familias. La Junta se reunió ayer con ellos y les comentó las diferentes fórmulas que plantea para afrontar los pagos pero a los afectados no les convence nada porque las expropiaciones se hicieron en 2006 y todavía no han cobrado.

Según el delegado de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta, Manuel Morales, es consciente de que la deuda afecta a pequeñas empresas y familias, por lo que considera el asunto una "urgencia social" que ya negocia con la Consejería. Una de las opciones que barajan es fraccionar los pagos ante la imposibilidad de afrontar el conjunto de la deuda, pero es una medida que no se contempla en los cauces habituales y la tienen que estudiar los servicios jurídicos de la Junta. Pero los afectados no están por aceptar esta opción ya que según José Hidalgo, representante de este colectivo, ya existen tres fraccionamientos para el pago. "Los expedientes ya los tenemos fraccionados por fincas, siendo el primero de tres millones de euros y si ahora nos dan 100.000 por ejemplo no nos solucionan nada".

La Junta planea también incluir las expropiaciones en la lista de pagos a realizar cuando se gestione el rescate autonómico con el Fondo de Liquidez.

El escenario cambió para la protesta de los trabajadores del sector sanitario, que se concentraron en el Hospital Clínico aunque también hubo movilizaciones en Baza y Motril, todas convocadas por la Plataforma Sindical y de Asociaciones Profesionales de empleados públicos. Los sanitarios protestaron contra los recortes en el sector y las consecuencias que tendrán en la asistencia. Habrá otro paro el próximo martes.