Un posible acuerdo en el que estuvieran trabajando los abogados de ambas partes -Juana Rivas y Francesco Arcuri- para la aparición de los menores sin consecuencias penales para la madre, no eximiría a ésta automáticamente de un posible ingreso en prisión por su supuesta "desobediencia" a la Justicia. En el ámbito penal, la Fiscalía puede pedir de oficio responsabilidades contra la mujer de Maracena, incluida la más drástica, que sería la cárcel.

Los fiscales provinciales de Granada, que rotan en sus guardias, ya tienen algunas consignas verbales sobre lo que han de hacer en caso de que Juana Rivas sea detenida el día en que ellos han de responsabilizarse de la actuación por parte del Ministerio Público.

La Fiscalía podría pedir su libertad como investigada, una fianza o la prisión provisional

Según fuentes de la Fiscalía, esa posición dependerá de diversas variables, entre las que estaría en primer lugar si ella misma se entrega o si es detenida.

Pero lo más determinante, según las mismas fuentes, serían los niños. Es decir, no es lo mismo a ojos del Ministerio Público, que Juana Rivas llegara al Juzgado con sus hijos localizados o no, que colabore en su hallazgo, que aporte garantías de que no habría una nueva huida, o si está dispuesta a que se cumpla la sentencia judicial italiana que obliga a entregar a los menores al padre.

Con todos esos factores sobre la mesa, el fiscal encargado del asunto podría pedir su libertad en condición de investigada, una posible fianza económica para volver a la calle o la prisión provisional, que sería la opción más dura para la madre y la que se contemplaría para el caso más extremo de falta de colaboración por su parte.

Los posibles delitos de desobediencia o sustracción de menores que a juicio de la Fiscalía podría estar cometiendo Juana Rivas se pueden perseguir de oficio, de ahí que un hipotético acuerdo para que el abogado de Arcuri no pida repercusión penal para Rivas, no sería una garantía absoluta para la madre, si bien puede ser un elemento positivo para su delicada situación judicial.

La abogada de Juana, María Castillo, admitió ayer que esa posición de su clienta es "complicada" y que está "asumiendo unos riesgos legales" que según asegura tienen como objetivo la protección de sus hijos de la influencia de su padre. Castillo explicó que Rivas es "conocedora" de su situación porque "ha sido debidamente informada por todos los letrados que estamos asumiendo su representación". En todo momento la letrada dejó claro que la decisión de no atenerse a las últimas decisiones judiciales es "unilateral", por parte de Juana Rivas.

Respecto a un posible acuerdo con el padre, la abogada explicó que sus intercambios "se quedan en conversaciones entre letrados", aunque criticó que durante el último año Francesco Arcuri haya puesto sobre la mesa de negociación "imposiciones inasumibles".