La acusación pública apunta a dos investigados para los que se archivó la causa

La fiscal del caso dirige la posible responsabilidad penal hacia otras personas que finalmente han sido 'sacadas' del proceso: el administrador del establecimiento penitenciario y el jefe de Mantenimiento del penal. De hecho, ha recurrido su exclusión.

En concreto, la acusación pública sostiene en su escrito de conclusiones provisionales que estos dos antiguos investigados, 'aproximadamente en el año 2004', actuaron 'de común acuerdo' para, 'de forma clandestina, y sin que conste que el director de la prisión tuviera conocimiento', llevar a cabo la construcción de un aliviadero de lodos de depuración, 'que conectaba con la red de pluviales, tipo bypass, y en virtud del cual, a través de una tubería subterránea se evacuaban los lodos al cauce público sin tratamiento depurador alguno'. Este aliviadero, según detalla, estuvo en funcionamiento hasta 2013, año en que 'fue suprimido por el Centro Penitenciario', una vez advertida su existencia por el Seprona de la Guardia Civil.

La fiscal destaca un informe del Instituto de Medicina Legal de Valencia, luego ampliado, que concluyó que 'los vertidos analizados de aguas residuales del Centro Penitenciario de Albolote suponen un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas', así como que sus consecuencias eran 'reversibles' una vez cesaran.