El acusado de intentar matar a un hombre a puñaladas en Granada alega problemas de salud mental

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada ha celebrado este lunes el juicio contra un joven de 23 años acusado de intentar acabar con la vida de otro hombre al que, según mantiene la Fiscalía, asestó varias puñaladas en el abdomen durante un altercado en Chauchina el 15 de septiembre de 2024. El Ministerio Público pide para él nueve años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa, además de diez años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante quince años. La acusación sostiene que el acusado actuó con una “inequívoca intención de acabar con su vida”, pues tras un forcejeo le clavó el cuchillo varias veces antes de huir del lugar. La víctima tuvo que ser intervenida de urgencia y requirió una segunda operación un mes después, quedándole secuelas.

Frente a esta versión, la defensa sostiene un relato muy distinto. El abogado del acusado, Antonio Camino, ha explicado a este diario que los hechos “no pueden entenderse como un ataque unilateral”, sino que se produjeron en el contexto de un “clima de acoso y humillación previo”. Según las conclusiones definitivas presentadas por la defensa, varios testigos han relatado que horas antes, en una discoteca, la víctima y un grupo de amigos habrían increpado y rodeado al acusado, profiriendo insultos y amenazas.

La defensa asegura que, tras ese enfrentamiento previo, ambos jóvenes intercambiaron mensajes por WhatsApp e Instagram cargados de “rabia y bravuconadas”, pero sin intención real de causar la muerte. Camino asegura que fue la propia víctima quien accedió a verse de nuevo para “solucionar” el conflicto, e incluso que habría sido él quien propuso la cita. Durante el encuentro, según esta versión, fue la víctima quien propinó el primer golpe, y el acusado reaccionó “de forma descontrolada” debido a una alteración de sus capacidades mentales.

Sobre este punto, la defensa se apoya en informes del Instituto de Medicina Legal, que señalan que el acusado presentaba intoxicación por benzodiacepinas en dosis superiores a las terapéuticas, privación de sueño y estrés agudo. Un perito de parte ha añadido que el joven arrastra secuelas neurológicas de una meningitis sufrida en su adolescencia, pudiendo haber experimentado un trastorno transitorio que afectó a sus frenos inhibitorios.

Así, Camino recalca que su cliente “no era plenamente consciente de lo que hacía” y solicita que los hechos se califiquen únicamente como un delito de lesiones con instrumento peligroso, no como tentativa de homicidio.

Además, el abogado sostiene que se produjo un “desistimiento eficaz”, es decir, que el acusado habría frenado la agresión, acompañado después a la víctima hasta su domicilio y, posteriormente, insistido a su abuelo para entregarse voluntariamente en la Guardia Civil, lo que, según la defensa, excluiría la intención de matar.

La Fiscalía, sin embargo, rechaza esta interpretación y mantiene que la secuencia de los hechos, la profundidad de las heridas y el uso de un arma blanca evidencian un claro ánimo homicida.

El acusado, que lleva en prisión preventiva más de catorce meses, ha pedido perdón durante la vista tanto a la víctima como a las familias. Su abogado reclama para él seis meses de prisión y solicita su puesta en libertad inmediata, argumentando que cualquier pena que pudiera imponerse estaría ya cumplida por el tiempo pasado en prisión provisional.