Los acusados mantienen que la venta del antiguo Los Cármenes fue limpia

Cuatro de los ocho acusados por presuntas ilegalidades en la venta del antiguo estadio de Los Cármenes mantuvieron ayer en la segunda sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial que el proceso por el que la sociedad Lazasur adquirió el estadio no sólo no fue irregular sino que permitió que el Granada CF siguiera existiendo como club.

El primero en declarar fue el ex presidente del equipo en la época en la que se vendió el campo, Cándido Gómez. Y, además, fue el único que contestó a algunas preguntas de la acusación particular, ejercida por otro ex presidente del Granada, Alfonso Suárez, aunque no durante mucho tiempo. El resto de los acusados se acogió a su derecho a no contestar a los letrados de ninguna de las acusaciones -además de la particular, la popular ejercida por la Asociación Socios de 20 años del Granada y el Ayuntamiento de Granada, actor civil-.

En su declaración ante la sala de la Audiencia y a preguntas de la defensa, Gómez explicó que recibió autorización de la junta directiva del club para intentar vender el estadio "al Ayuntamiento de Granada o a terceros". Tras este permiso, el ex presidente del CF se dirigió al Consistorio y le ofreció el terreno sobre el que se asentaba Los Cármenes por 1.600 millones de pesetas. "En el Ayuntamiento me dijeron que sólo podían pagar 1.400 millones y nos dio libertad", aseguró Gómez, al tiempo que defendió que la venta era complicada, ya que sobre la propiedad pesaban varios embargos, uno de ellos de la Hacienda Pública con fecha fijada para la subasta por la deuda contraída por el club. Tras negociar con Hacienda y con otro acreedor, se consiguió paralizar el proceso de subasta.

"Si se hubiese vendido en subasta, los acreedores no habrían cobrado y el Granada habría quedado desmantelado", defendió Gómez. Así pues, inició contactos con inmobiliarias de la ciudad por si detectaba algún interés tras el rechazo del Consistorio aunque, según afirmó, "hubiera sido un orgullo que el Ayuntamiento comprase el estadio".

Sin embargo, el Gobierno local sí hizo una sugerencia, la de instar al Granada a que sacase a subasta con publicidad la venta del estadio. "No estaba obligado, pero se hizo en pública subasta y con un notario", aseguró Gómez. Tras la recomendación, una asamblea de socios dio el beneplácito, aunque en el acta no se recogió la frase de que el estadio se vendería "al Ayuntamiento o a terceros", algo que el ex presidente calificó como un "error" que, con posterioridad, ordenó subsanar. También negó en la sala conocer con anterioridad a los cinco promotores que después formaron la sociedad Lazasur para concurrir a esa subasta.

Otro de los acusados que prestó declaración ayer, el ex asesor jurídico del club, Luis Rivas, defendió que su única intervención en la operación de venta fue la de "abogado" en la redacción de las normas de la subasta, la asistencia en el proceso y la asistencia en la redacción de las condiciones de la venta. La compra fue fijada en 2.236.000.000 pesetas, de los que 200 fueron entregadas en metálico al Granada y el resto fue a parar a pago de acreedores. Asimismo, aseguró que Lazasur "pagó religiosamente" incluso a acreedores que no tenían la deuda reconocida en esa cantidad.

Este hecho fue también defendido por uno de los promotores acusados, Isidoro Moleón, al afirmar que la cantidad que finalmente se pagó rondó los 2.300.000.000 pesetas. Al mismo tiempo, defendió que no conoció el día a día de la operación porque José Julián Romero fue el encargado de esa tarea. Manuel José Rodríguez Acosta, por su parte, también prestó declaración ayer aunque, al igual que sus predecesores, decidió no contestar a ninguna de las preguntas de las acusaciones, únicamente a la de las nueve abogados defensores.