El juez decano advierte cierta "infiltración de la política" en las instituciones del Estado

El juez decano de Granada, Francisco Sánchez Gálvez, advierte cierta "infiltración de la política" en todas las instituciones del Estado, incluidas aquellas que están destinadas al control del propio poder político. Este es uno de los motivos a los que se ha referido el representante de los jueces unipersonales granadinos al ser preguntado por la reforma de la justicia impulsada por el ministro Alberto Ruiz Gallardón y las motivaciones de las movilizaciones promovidas por parte del conjunto de los agentes jurídicos.

En una entrevista, Sánchez Gálvez opinó que, aunque a veces no se haga de forma deliberada, existe "una inercia clarísima de infiltración del sectarismo político" en todas las instituciones del Estado y que actualmente se vive un "momento histórico y decisivo para asumir, o no, esa realidad". En este sentido, consideró que, en contra de lo mantenido por Ruiz Gallardón, la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anunciada es contraria a una "despolitización" de ese órgano de gobierno de los jueces. Ese posible desapoderamiento del CGPJ se añadiría a que los jueces, magistrados, fiscales tienen que trabajar cada día con medios "más precarios" y con más carga de trabajo, lo que dificulta -añadió- el control judicial sobre la actividad de otros poderes del Estado, "fácticos" o económicos.

"Estamos en un momento histórico, en el que o los controles se hacen cada vez más eficientes o nos vemos abocados a la situación en la que nos encontramos", sentenció el juez decano.

Respecto a los motivos de las movilizaciones de los agentes judiciales en contra de las reformas del Gobierno, subrayó que, entre otros aspectos, está "en juego" la independencia del poder judicial y lamentó que por parte del Ministerio se haya "manipulado" la propuesta hecha por los jueces decanos. Esa propuesta, planteada en Vitoria, recogía cerca de una treintena de medidas que incidían en la necesidad de modernizar la justicia y de desjudicializar determinadas materias y, como última medida, proponía tasas "disuasorias" para que dejaran de entrar en los juzgados procedimientos que podían resolverse por otras vías.

A juicio del juez decano, esa propuesta se ha "descontextualizado" y, en lugar de adoptar algunas de las medidas de modernización, el Ministerio ha planteado unas tasas "claramente excesivas", que pueden convertirse en una barrera a la tutela judicial efectiva en caso de carecer de suficientes recursos económicos.