Las precipitaciones de la semana pasada, que causaron la pérdida de cuatro vidas humanas e importantes daños en los sectores agrícola y pesquero, también han puesto nerviosos a los vecinos de Cármenes del Mar, que viven encima de una urbanización que se desliza constantemente y cuya estabilidad depende precisamente de la humedad del terreno. Además, ante el anuncio de ciclogénesis que se avecina en algunas zonas de la península, todavía se muestran más preocupados.

Por ello, quieren hacer hincapié en la urgencia en las obras de estabilización de la ladera. De ahí que hayan enviado sendas solicitudes tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de España para que trabajen conjuntamente en la ejecución de las medidas cautelares decretadas hace meses por el Juzgado de Instrucción número 12 de Granada, con el fin de evitar que sus casas sigan derrumbándose.

En dos cartas enviadas tanto al delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, como a la delegada del Gobierno de Andalucía en Granada, Sandra García Martín, los vecinos piden una reunión urgente con ambos y solicitan su intervención con el objetivo de evitar "situaciones irreparables", dada la situación de emergencia en la que se encuentra la zona residencial.

Entre dichas medidas, instan a que se subsanen los graves defectos constructivos y se lleve a cabo la necesaria rehabilitación de la urbanización y sus suburbanizaciones. Además, piden una intervención urgente de los servicios técnicos de las diferentes administraciones para tomar las medidas que eviten nuevos deslizamientos de tierra y el consiguiente riesgo para la integridad de los vecinos de la urbanización.

Por último, insisten en la necesidad de adoptar medidas para garantizar la habitabilidad de la urbanización, teniendo en cuenta que existe riesgo inminente de colapso en los viales de acceso a la misma, y de sus servicios generales.

En ambas cartas, los vecinos de Cármenes del Mar recuerdan que el juzgado no sólo ha condenado a todos los denunciados por los defectos en la construcción, sino que además ha aprobado una serie de medidas cautelares para evitar que el deterioro continúe y para reparar los innumerables desperfectos que presenta la zona residencial, decretando incluso un embargo a los demandados de 3,6 millones de euros.

No obstante, los recursos de las empresas condenadas y la declaración de insolvencia de muchas de ellas están haciendo imposible que esas medidas se pongan en marcha, de ahí que los afectados pidan a las administraciones que las ejecuten con carácter subsidiario, ya que ello no conllevaría coste alguno para el contribuyente.

"No espere a que tengamos que lamentar situacionees irreparables, que caerían bajo su responsabilidad y su conciencia", explican los vecinos en su carta al delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.