Granada

Más de 3.200 aforados en Granada, pendientes de perder el blindaje judicial

  • La reforma del Gobierno podría afectar sólo a 11 diputados, pero abre el debate sobre el resto de políticos, jueces o policías protegidos

El acto de apertura del año judicial congregó a un centenar de cargos judiciales, políticos y de las fuerza de seguridad en Andalucía en la Real Chancillería de Granada. El acto de apertura del año judicial congregó a un centenar de cargos judiciales, políticos y de las fuerza de seguridad en Andalucía en la Real Chancillería de Granada.

El acto de apertura del año judicial congregó a un centenar de cargos judiciales, políticos y de las fuerza de seguridad en Andalucía en la Real Chancillería de Granada. / carlos gil

El mismo día que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una reforma exprés de la Constitución para modificar los aforamientos en España, un centenar de cargos judiciales, políticos y de las fuerzas de seguridad en Andalucía se reunían en el solemne patio de la Real Chancillería de Granada en el acto de apertura del año judicial. El posible cambio, que sólo en Granada podría afectar a 3.219 personas, fue el tema estrella de conversación entre los asistentes (casi todos aforados) al acto de la tarde-noche del pasado lunes.

"Está bien que exista cierta protección, pero no creo que sea necesaria en todos los casos", opinaba ese día uno de los uniformados, en alusión a la extensión a lo largo de los años de esta prerrogativa, que ya alcanza a colectivos como los políticos de ámbito autonómico o a miles de jueces de paz por toda España.

La frontera entre los delitos del cargo y los ajenos es difusa en casos de corrupción

Aunque los planes del Gobierno parecen limitarse a un mero acotamiento de esos aforamientos y sólo para los recogidos en la Constitución (Gobierno central, diputados y senadores), el anuncio ha sacado a la palestra un debate que afecta en esta provincia a miles de policías, guardias civiles, jueces, fiscales y cargos políticos.

Los aforados son personas que tienen derecho a ser investigadas y, si llega el caso, juzgadas por un tribunal distinto al de resto de la ciudadanía. Siempre en casos penales. Si un juez de instrucción encuentra indicios de delito por parte de un aforado, debe remitir la causa al tribunal superior correspondiente (Tribunal Supremo o Superior de Justicia, en cada caso). En el caso de diputados y senadores, para que ese órgano de mayor rango pueda emprender acciones judiciales es necesario además que la Cámara autorice el suplicatorio, un trámite que sobre el papel puede quedar bloqueado si se opone una mayoría política.

De esas 3.219 personas que actualmente tienen la condición de aforados (aunque con blindajes diferentes) en la provincia de Granada, la mayoría (casi 2.900) son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El resto forman parte de instituciones estatales o autonómicas, incluidos los 122 jueces, 48 fiscales y 165 jueces de paz, que son el conjunto más numeroso, después de los policías y guardias civiles. En todos estos casos, la reforma que impulsa el Ejecutivo socialista no les afectaría, dado que su prerrogativa procesal no está recogida en la Constitución.

Tampoco tendría incidencia directa, al menos por el momento, en los 13 parlamentarios y cargos de gobierno autonómico que tiene esta provincia. En este caso, es el Estatuto de Autonomía el que regula su aforamiento. No obstante, si la reforma de Sánchez saliera adelante, ésta podría arrastrar modificaciones estatutarias en las Comunidades. De hecho Murcia ya suprimió el año pasado estos privilegios para sus representantes. En esta situación están María José Sánchez, que como consejera de Igualdad y Políticas Sociales es miembro del Gobierno andaluz, además de la ex secretaria provincial del PSOE Teresa Jiménez o María Francisca Carazo, del PP. También gozan de esta garantía judicial representantes de IU, Podemos o Ciudadanos, fuerzas que proponen la reducción o eliminación de los aforamientos.

Granada tiene en Madrid 7 diputados y 4 senadores que sí se verían directamente afectados por la propuesta inmediata de cambio constitucional, dado que su aforamiento está recogido en el artículo 71 de la Carta Magna, que se pretende cambiar. Los senadores Sebastián Pérez, Luis González y María José Martín (Partido Popular) y José Martínez Olmos (PSOE) forman parte de la Cámara Alta, órgano que tendrá que votar la propia reforma prevista y conseguir una mayoría de tres quintos de sus representantes.

La misma proporción de votos a favor requiere el trámite en el Congreso, donde Granada cuenta con los escaños de Concha de Santa Ana, Carlos Rojas y Santiago Pérez, por el PP; Gregorio Cámara y Elvira Ramón, del PSOE; además de Luis Salvador (Ciudadanos) y Ana Terrón (Podemos).

Según lo que ha trascendido sobre los planes del Gobierno, la propuesta no sería eliminar esos aforamientos, sino reducir su aplicación para que no ampare a los políticos en caso de posibles delitos ajenos a su cargo. Cabe la duda de lo que podría ocurrir en casos de corrupción, donde la frontera entre las concesiones a dedo, por ejemplo, y el enriquecimiento ilícito de los políticos es muy difusa.

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