La concesión presuntamente irregular de licencias para la construcción de tres simples casas de aperos en terrenos de Gójar sentó ayer, ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada, al actual alcalde del municipio, Francisco Javier Maldonado (PP). El primer edil, que admitió que las tres actuaciones urbanísticas contaban con informes técnicos desfavorables, explicó que uno de los permisos se concedió por un error informático "de corta y pega", mientras que los otros se otorgaron "condicionados a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y a su publicación".

Las tres licencias se concedieron el 18 de diciembre de 2003, en una comisión informativa del Área de Urbanismo, una reunión en la que, como precisó el primer edil, no se vota, sino que se resuelven las solicitudes de licencia, de modo que "si el informe es favorable se aprueban y si no se deniegan".

El equívoco se produjo en el caso de la licencia solicitada por T.J., una vecina que quería levantar una casa de aperos en una parcela no urbanizable y protegida por su interés paisajístico. El informe que había emitido el técnico municipal tres días antes era desfavorable, pero, según el regidor, "hubo un error en la transcripción del acta y se puso informe favorable", propiciando una "cascada" posterior de errores.

Los otros dos casos fueron asimimo solicitudes de propietarios de terrenos, J.C.H. y M.V.B., para levantar casas de aperos en sus parcelas de regadío. Ambos contaban también con informes desfavorables emitidos el día 15 de ese mes, y si se otorgaron, como aclaró el alcalde, fue porque "se iba a cambiar la norma". De hecho, el nuevo PGOU de Gójar se iba a aprobar definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo al día siguiente, algo que Maldonado conocía bien por ser miembro de la misma.

"Se otorgó el dictamen condicionadamente a la aprobación de la norma general", subrayó, al tiempo que señaló que si se concedieron los permisos sin tener el preceptivo informe jurídico, fue porque consideró que la documentación con la que contaba "tenía suficiente validez jurídica".

Maldonado, que es además diputado provincial de Función Pública, se enfrenta a 10 años de prisión y 14 de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público. A su llegada a la Audiencia, el alcalde atendió a los medios de comunicación, ante quienes avanzó las claves de su declaración y se confesó tranquilo.

"Afronto este juicio con normalidad", dijo a la prensa el primer edil. "Estoy convencido de que vamos a salir absueltos, pues no los hemos cometido", añadió en referencia a los tres delitos que le atribuye el Ministerio Fiscal: falsificación en documento público, falsificación en documento oficial y un delito contra la ordenación del territorio.

El regidor, que recordó que este asunto se inició a raíz de una denuncia del propio Ayuntamiento del municipio, negó así haber cometido falsificación alguna. "Todo emanaba del acta donde se produjo el error de transcripción y, si está mal el acta, está mal el decreto, está mal la resolución, está mal la licencia y está mal la notificación"; se produjo una cascada de errores". Además dijo no tener vínculo alguno con las personas que obtuvieron las tres licencias presuntamente ilegales y destacó que la obra a la que se el dio la licencia por error no llegó a llevarse a cabo.

Hoy continua el juicio, en el que hay otro siete acusados, entre los que figura el ex alcalde Pedro Clavero (PSOE), que también declaró ayer. Negó que durante la comisión informativa se explicase que las licencias se darían condicionadas y dijo que no se opuso porque el informe era desfavorable y entendía que no se concederían. Clavero detalló además que no descubrió las modificaciones en el PGOU hasta que no fue elegido alcalde en 2007 y que fue entonces cuando pidió los informes pertinentes.

Otro de los acusados es el arquitecto Juan Carlos G. R.,y no el arquitecto técnico municipal de entonces, quien no está imputado en el caso y sólo acudirá como testigo.