El alcalde de Íllora irá a juicio en junio por posible prevaricación

Francisco Domene se enfrenta, junto a otros cuatro ediles, a penas de hasta diez años de inhabilitación

E. P. Granada

12 de mayo 2014 - 01:00

El Juzgado de lo Penal número 1 de Granada enjuiciará el próximo 4 de junio al alcalde de Íllora, el socialista Francisco Domene, por posible prevaricación en la adjudicación de la radio municipal y la edición de un periódico de ámbito local a una empresa privada "prescindiendo" de "todas las exigencias" de la Ley de Contratación Pública, según informaron fuentes del caso.

En el proceso constan como imputados por el mismo delito cuatro concejales más, concretamente María Victoria Fuentes Pérez, María Ángeles Román Vega, Enrique Recio Gordo, y Antonia Blázquez Rodríguez, según se indicaba en el auto de apertura de juicio oral, decretado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Loja.

La Fiscalía de Granada pide para los cinco procesados una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de nueve años, que la acusación particular eleva un año más, hasta los diez de inhabilitación, según señala el juez en su resolución, de fecha 4 de octubre de 2013, y contra la que no cabe recurso. Según consta en el escrito provisional del Ministerio Público, el 26 de mayo de 2005 el Ayuntamiento de Íllora adoptó un acuerdo relativo a la modificación de estatutos de la empresa municipal Parapanda Comunicación S.L., en la que se contemplaba, entre otros aspectos, que el gobierno y la administración de la sociedad sería regida por la Junta General -el Ayuntamiento pleno-, el consejo de administración -designado por la Junta General y con representación de todos los grupos políticos- y el director-gerente.

Así, el 8 de enero de 2008 se constituyó el nuevo consejo de administración de Parapanda Comunicación, empresa pública de capital íntegramente municipal, y regida por los acusados como concejales en la corporación de Íllora. Según el Ministerio Público, se vulneraron los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato entre candidatos, según consta en el escrito de acusación, del pasado 24 de septiembre de 2013.

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