El alcalde y el rector, dispuestos a colaborar con el juez Garzón

El alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, y el rector de la Universidad (UGR), Francisco González Lodeiro, han mostrado su disposición a colaborar con el juez Baltasar Garzón, que ha pedido a instituciones y ayuntamientos que elaboren diversos listados y aporten datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil, si bien consideran que cuentan entre sus archivos con "escasa información" al respecto.

Mientras el gerente de Emucesa, José Antonio Muñoz, dice tener "orden de no hacer declaraciones de ningún tipo" sobre este tema, el alcalde asegura desconocer si la ciudad tiene o no archivos que especifiquen el nombre de las personas enterradas a partir del llamado 'alzamiento nacional' de 1936 en las fosas comunes, que en Granada se encuentran en el cementerio de San José, según especifica el magistrado en la providencia hecha pública el pasado lunes.

Por su parte, González Lodeiro, se mostró "muy sorprendido" por ser el único rector al que Garzón ha requerido información: "Hay otras universidades, como la Complutense de Madrid, la de Salamanca o la de Oviedo, en las que hubo profesores que también fueron fusilados".

El rector incidió en que las investigaciones llevadas a cabo en el seno de la institución se centran en los datos académicos y biográficos de los posiblemente fusilados, sin que se cuente con otros más concretos acerca de las ejecuciones en sí.

No obstante, según recordó, y por lo que hasta ahora se ha investigado y recopilado, en Granada hay "más de un decena de profesores" -entre ellos algunos catedráticos- que pudieron ser asesinados tras estallar la Guerra Civil. Entre ellos se encontraban el rector Salvador Vila, el catedrático de Química Jesús Yoldi o el que fuera vicerrector José Palanco, que además fue alcalde de la ciudad.

"Habrá que mirar en los libros de actas en las Juntas de Facultades para ver si hay algo. Sabemos que fusilaron a varios y que otros fueron represaliados. Habrá que investigar", mantuvo González Lodeiro, que aludió al volumen de investigaciones acerca de la República y la Guerra Civil realizadas en la UGR como posible explicación a la petición de Garzón.

El rector señaló que en la Universidad constan datos de los profesores en el 36, sus nombramientos (algunos fueron rectores, otros alcaldes o miembros de la corporación municipal) y sus biografías, que han sido ya recopiladas por los historiadores, que no han podido encontrar datos específicos excepto, quizá como dato útil, el cese de sus cargos y la fecha.

Al no haber recibido aún el requerimiento del juez, el rector dijo desconocer el método que se va a emplear para recopilar toda la documentación, entre la que podrían incluirse cartas u otro tipo de archivos.

"Ya veremos qué nos pide el juez, cómo se ejecuta la orden y si enviará a personas especializadas", aseguró, al tiempo que barajó la posibilidad de que el juez pida actuaciones de los laboratorios de Antropología e Análisis Forense, ya que Miguel Botella y José Antonio Lorente hacen identificaciones de ADN.