La Fiscalía de Granada ha solicitado una condena a cinco años y medio de prisión y a nueve de inhabilitación para cargo público para dos exalcaldes de Otura (Granada), ambos del PP y acusados de prevaricar y malversar caudales públicos con el pago de facturas que excedían el coste contemplado por contrato.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, los acusados son Ignacio Fernández-Sanz, alcalde de Otura entre 2007 y 2012, y Pedro Cabanillas, primer edil entre 2012 y 2014.

La Fiscalía acusa a los dos exalcaldes del PP, ambos condenados con sentencias firmes, de "menoscabar gravemente" los fondos públicos de Otura al autorizar facturas cuyo coste excedía del previsto en los contratos firmados para la prestación de actividades deportivas y culturales en el municipio.

El primero de los contratos analizados adjudicó este servicio por 114.000 euros, aunque Fernández-Sanz autorizó sin que conste una modificación contractual que la empresa facturara 209.059 euros en 2007; 182.146 euros en 2008; 298.540 euros en 2009; 155.611 euros en 2010 y más de 34.000 euros en 2011.

Además, según la Fiscalía, Fernández-Sanz ordenó desbloquear la cuenta con cargo a Patrimonio Municipal del Suelo para pagar parte de estos importes pese a tener un informe de Tesorería, fechado en febrero de 2009, que le advertía de que los fondos de Patrimonio no se pueden usar en gastos corrientes porque es prevaricar.

El Ayuntamiento firmó otro contrato para actividades culturales y deportivas con la fórmula de un negociado sin publicidad, un contrato que adjudicó en noviembre de 2013 por 50.800 euros para prestar el servicio hasta junio de 2014 sin opción de renovación.

"Pese al requerimiento" de que no existían informes presentado por Secretaría y por Intervención, el entonces alcalde Cabanillas autorizó pagar 419.200 euros en 2013 y otros 78.414 un año después.

Por otro lado, Otura firmó en octubre de 2010 un tercer contrato menor por un importe de 18.000 euros para ofrecer estas actividades culturales y deportivas durante tres meses.

Según la Fiscalía, los dos acusados autorizaron "con plena consciencia de su ilegalidad", el pago de facturas que superaban lo acordado.

Así, Fernández-Sanz firmó facturas de 102.275 euros en 2010, 153.650 en 2011 y una última de 12.870 euros en 2012, cuando lo relevó en el cargo el segundo acusado, que autorizó una factura de 276.400 euros.

La Fiscalía ha calificado los hechos, que se juzgarán en la Audiencia de Granada, como dos delitos continuados de prevaricación en concurso con otros dos también continuados de malversación de caudales públicos.

Ha interesado una condenada para cada exacalde de cinco años y medio de cárcel y otros nueve de inhabilitación y que Fernández-Sanz indemnice al Ayuntamiento con 1,1 millones y Cabanillas con 774.082 euros.