La alcaldesa de Granada y otros concejales, denunciados ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción por el caso del Pabellón Mulhacén y los restaurantes anexos

El empresario Ramón Arenas, denunciante del caso Nazarí de presunta corrupción urbanística en Granada, ha registrado una denuncia ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción contra la actual alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y otros tres concejales del equipo de gobierno municipal, por su gestión del caso del Pabellón Mulhacén y los negocios de hostelería que se construyeron al lado, dentro de la misma parcela de uso deportivo. Para el denunciante, la demora del Ayuntamiento en el cumplimiento de la última sentencia del TSJA, que ilegalizaba de facto esas construcciones de uso lucrativo, pone de manifiesto que hay una "voluntad política rebelde" y una "acción corrupta" por parte de los responsables políticos denunciados.

El Ayuntamiento, preguntado este viernes por la denuncia, asegura que "dará cumplimiento de la sentencia", y que "los servicios municipales se encuentran estudiando el modo más óptimo, en beneficio de ciudad". Para eso se ha encargado un informe "que analice las diferentes alternativas", que esperan tener a final de año y que pondrán en conocimiento del juez para que dé su visto bueno al resultado propuesto y diga si hace cumplir la sentencia. Y siempre, como se ha repetido desde que se conoció la sentencia, con la intención de que sea lo menos gravosa posible para la ciudad, por lo que optaban por buscar fórmulas de legalización.

En febrero de este 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) zanjó un conflicto judicial de largo recorrido, sobre la ordenación urbanística de la parcela municipal de uso deportivo que hay en el Zaidín, donde se construyó el Pabellón Mulhacén. En su momento, con José Torres Hurtado en la alcaldía, el Ayuntamiento autorizó mediante la tramitación de estudios de detalle urbanísticos la división de ese suelo en dos partes, una reservada al propio pabellón (que era el proyecto original) y otra a la construcción de una serie de negocios lucrativos que se dedicaron a la hostelería, como el McDonalds. Ramón Arenas, como propietario de una parcela aledaña, denunció el caso en una doble vía, la penal (caso Nazarí, que está pendiente de juicio) y la contencioso-administrativa. En esta última jurisdicción el caso está zanjado judicialmente, ya que el TSJA falló en 2018 a favor del denunciante mediante una sentencia en la que exponía que una parcela de uso deportivo no se podía dividir como se hizo para dedicar una parte al uso lucrativo (la normativa solo permite la compatibilidad de esos usos, pero dentro de la propia instalación deportiva que se levante), porque de ese modo se estaba haciendo una nueva reparcelación para alterar los usos.

El Ayuntamiento de Granada, gobernado ya por el PSOE, se encontró esta sentencia derivada de la gestión anterior y decidió recurrirla, pero este mismo año, el TSJA desestimó el recurso y, por tanto, confirmó así la sentencia anterior, que es firme y tendría que ser aplicada. El Ayuntamiento se encontró entonces con una serie de locales comerciales de hostelería sobre una parcela que es municipal pero de la que dispone el concesionario de aquella época, Roberto García Arrabal. La empresa concesionaria es la que mantiene los alquileres de los negocios aún. El gobierno de Carazo anunció que encargaría un estudio para explorar una posible legalización de la actual situación urbanística. Porque desde Urbanismo se ha insistido desde el inicio que el planeamiento urbanístico vigente permite esa compatibilidad de usos al igual que se ha hecho en otras zonas de la ciudad. Pero la sentencia indica que sí se permitía esa compatibilidad pero no esa forma de ejecutarla, considerando que existió parcelación.

En estos meses transcurridos desde que conoció la resolución judicial, Ramón Arenas ha pedido al Ayuntamiento la ejecución de la sentencia, empezando por el rescate de la concesión, ya que, según denuncia, el empresario "sigue cobrando los alquileres" pese a haberse declarado ilegales los negocios. El Ayuntamiento adjudicó hace poco el contrato menor para este estudio, que según la denuncia de Arenas, costará a la ciudad 17.545 euros, y el gobierno manifestó públicamente que espera tenerlo para antes de que finalice el año y así poder ser analizado por la asesoría jurídica del Ayuntamiento antes de tomar una decisión. Lo está realizando la arquitecta Eva María Gómez Prieto y el único criterio que se siguió, según el Consistorio, para su adjudicación, fue el económico, la oferta más barata de las tres firmas invitadas a este contrato. El propio concejal de Urbanismo en comisión dijo que será el dinero "mejor invertido" si permite poner en carga el pabellón y ahorrar en demoliciones e indemnizaciones".

El denunciante, que además de la alcaldesa ha metido en su escrito al portavoz municipal Jorge Saavedra, el concejal de Urbanismo, Enrique Catalina y la concejal de Economía, Rosario Pallarés, asegura que con esta situación "el Ayuntamiento está colaborando para mantener la situación de ilegalidad, favoreciendo los intereses de un privado", en alusión al empresario que construyó el pabellón deportivo (cerrado actualmente) y los locales comerciales, y que ahora estaría cobrando el alquiler de los mismos. En su denuncia, Arenas pone de manifiesto que algunos de los concejales denunciados, entre ellos la alcaldesa, formaron parte de corporaciones de Torres Hurtado durante los años en los que se fraguó este proyecto urbanístico.

En su denuncia ante la Oficina Andaluza Antifraude, el empresario granadino que asegura haberse visto perjudicado por aquella operación urbanística, avanza un "futuro y previsible incidente de ejecución de sentencia", que sería un nuevo procedimiento contencioso que se inicia cuando una de las partes de un juicio busca forzar el cumplimiento de una sentencia firme. Es decir, que podría volver a judicializar este asunto.