El agujero económico de casi un millón de euros que, según la Fiscalía, habría sufrido el Ayuntamiento de Granada por los gastos extraordinarios de la televisión municipal entre los años 2013 y 2015, seguirá su recorrido judicial en los próximos meses. El juez que investiga las posibles responsabilidades penales de aquella gestión acaba de ordenar una batería de nuevas diligencias y la incorporación a este caso de un nuevo investigado, Raúl Berdonés, que es el empresario que entonces tenía el contrato de servicios de TG7, adjudicado por el gobierno local del Partido Popular.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, Francisco Javier Zurita Millán, acaba de dar un nuevo impulso a la investigación sobre TG7, abierta el pasado marzo por una denuncia de la Fiscalía (que a su vez recibió información del grupo municipal Vamos Granada). Además de la citación del empresario como nuevo investigado de la causa, el magistrado ha ordenado la declaración de otros testigos y la elaboración de una auditoría económica sobre las cuentas de la empresa (CBM SL) que tenía el contrato de servicios de grabación de programas para la televisión municipal.

Un perito judicial tendrá que hacer un informe completo sobre las cuentas relacionadas con cada uno de los contratos firmados entre el empresario y el gobierno local del PP. Dado que lo que se investiga es la legalidad de los gastos extraordinarios supuestamente generados, el juez pide al experto que diferencie cuáles serían los apuntes contables del contrato ordinario que la empresa tenía con el Ayuntamiento y cuáles corresponderían a los "imprevistos" alegados por los investigados. El instructor especifica que se indique si hay "duplicidad" en los gastos.

Entre las nuevas diligencias ordenadas en una providencia del 9 de octubre, a la que ha tenido acceso este periódico, hay nuevos requerimientos al Ayuntamiento de Granada, que tendrá que entregar los contratos firmados con la empresa CBM (de Raúl Berdonés), las mejoras acordadas después, el pliego de condiciones acreditado por la Secretaría General y cualquier documento que haya en el "archivo municipal" en el que aparezca el encargo de esos servicios extraordinarios que llegaron a sumar 864.121 euros.

Desde que el juez Zurita Millán abrió estas diligencias, ha tomado declaración a los que hasta ahora eran los únicos investigados de caso: la exdirectora de TG7, Cristina García, y el concejal del PP Juan Antonio Fuentes (que durante aquellos años era el responsable de la televisión municipal dentro del gobierno de José Torres Hurtado). También llamó después a declarar a otros testigos, como los responsables de las empresas que habrían pagado parte de esos gastos extraordinarios (Emasagra o Inagra) y a funcionarios municipales con cargos de responsabilidad en aquel momento.

La Fiscalía presentó a finales de febrero pasado una denuncia en el Juzgado al apreciar indicios suficientes de la comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos mediante la contratación irregular de servicios a la empresa privada que gestionaba la televisión TG7 y que habría provocado un perjuicio económico para las arcas municipales de 864.121 euros.

La fiscal exponía entonces que el concejal Fuentes, con la "connivencia" de otra trabajadora municipal (la directora de la televisión), suscribió en 2015 un contrato con la mercantil Central Broadcaster Media SL (CBM) para reconocer de forma irregular una serie de gastos que estaban fuera de lo contratado originalmente con esa empresa. La fiscal considera que Fuentes firmó ese convenio (que en realidad es un contrato) sin pasar por ningún órgano competente en la contratación de gastos, como la junta de gobierno, "con la finalidad de eludir el control de la Intervención Municipal y proporcionar un beneficio a la empresa contratista", cuyo propietario tendrá que declarar ahora como investigado.