Los análisis de ADN de los restos de los dos bebés exhumados "no son concluyentes"

Las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Provincial no han podido determinar hasta el momento que en Granada, entre los años 60 y 90, existiese una trama dedicada al robo de niños recién nacidos en hospitales. De hecho, los únicos dos casos en los que se había autorizado exhumar restos de retoños para comprobar si las sospechas de los familiares eran ciertas serán previsiblemente también archivados, dado que los resultados de los análisis de ADN practicados "no han sido concluyentes".

Así lo reveló ayer la fiscal jefe provincial, Ana Tárrago, quien se está encargando personalmente de investigar todas las denuncias que se están presentando ante la Fiscalía y que ascienden ya a 60, habiéndose presentado la última el jueves de esta misma semana. Dichas denuncias han dado lugar a las correspondientes diligencias de investigación penal, que en más de la mitad de los casos han sido archivadas.

Tárrago resaltó que los archivos se han producido tras intensos trabajos policiales (visitas a hospitales y cementerios, búsquedas en registros civiles, entrevistas en centros médicos...) que han resultado infructuosos.

Los dos supuestos robados de los bebés en los que la Fiscalía granadina había autorizado las exhumaciones ocurrieron en el Clínico y en el Materno. En el primero de ellos, fue una hermana del retoño muerto quien denunció, al sospechar que en la caja cerrada de cartón que entregaron a sus padres en el hospital en 1986 sólo había un trapo y no había restos. Sin embargo, la Policía sí localizó restos en la tumba que abrieron en el cementerio de Padul, pero los resultados de su análisis genético no han arrojado luz. En el segundo de los casos, los padres de un bebé de Montefrío, que nunca habían sospechado nada, decidieron pedir su exhumación a raíz de conocer a través de las noticias que pudo haber existido una supuesta trama dedicada a robar recién nacidos. Los progenitores pidieron comprobar que el niño que enterraron en 1978 en una fosa común era efectivamente el suyo. Tampoco los análisis han podido determinarlo. Como explicó Tárrago, en estos dos casos se autorizaron las exhumaciones "porque únicamente en esas dos diligencias se nos había pedido porque había posibilidad de obtener algún resultado".

Fue el jueves cuando en las dependencias de la Fiscalía Provincial se recibieron los informes emitidos por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que "no han conseguido ningún resultado después de estudiar todos los perfiles y los marcadores". Lo que exactamente ha ocurrido es que "no se ha podido obtener ADN en cantidad suficiente para su individualización" a fin de realizar el cotejo genético, por lo que no se puede ni confirmar ni desterrar las sospechas de los denunciantes. Ante esta circunstancia, la fiscal jefe reconoció que lo normal, ahora, es que ambas diligencias se archiven, pues "no podemos saber ni siquiera si ha habido un delito".

En cualquier caso, los restos permanecerán custodiados en el instituto durante diez años antes de su destrucción "por si aparecen nuevas técnicas". Además, los perfiles genéticos obtenidos van a ser incluidos "en la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir de ADN, en un índice exclusivo creado para los casos de adopciones irregulares". Cabe recordar en este punto que muchos de los denunciantes pertenecen a Anadir, la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares.