Arcuri, expareja de Juana Rivas, se enfrenta a juicio en Italia por maltrato a sus hijos
Este jueves arranca en el Tribunal de Cagliari la primera audiencia del juicio, que ocurre dos meses después de que el hijo menor volviese con su padre
Juana Rivas prestará declaración el 30 de octubre en Granada por un supuesto delito de sustracción de menores
El juicio contra Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas, en el Tribunal italiano de Cagliari, en Cerdeña, por presunto maltrato físico y psicológico a sus hijos comienza este jueves, casi dos meses después de que el menor, de 11 años, volviese desde España con él, que tiene la custodia.
A las 9:00 hora local está programada la primera audiencia del juicio, independiente del proceso civil entre Rivas y su expareja por la custodia de los hijos y cuya apertura fue decidida en junio pasado en una audiencia preliminar por el juez a raíz de las acusaciones formuladas por sus propios vástagos.
En el auto del procedimiento, al que tuvo acceso Efe, la defensa de Arcuri solicitó en la audiencia preliminar el sobreseimiento de la causa para dar por concluido este proceso legal, al considerar que las declaraciones de los hijos presentadas por Rivas son "de origen unilateral" y que nunca tuvieron "la oportunidad de discutirlas".
Y citó, como ejemplo, que el hijo menor, Daniel, declaró que su padre le espiaba: "Me ha puesto una aplicación en el teléfono que me regaló, que le habría indicado que estaría durante las vacaciones de Navidad en Granada", recoge la defensa en el auto.
En opinión del letrado de Arcuri, hay "falta de fiabilidad", al tiempo que subrayó que la defensa no ha tenido la posibilidad de "interactuar con sus propios peritos sobre estas declaraciones que, al parecer, Daniel está haciendo".
Sin embargo, el juez consideró que "no concurren las condiciones para dictar sentencia de sobreseimiento" y envió a Arcuri al juicio que comienza este jueves.
"Violencia de género vicaria"
Para el letrado de Rivas, Carlos Aránguez, el juicio que comienza este jueves es un paso fundamental en el reconocimiento de unos hechos que "tanto daño y sufrimiento llevan ocasionado a Juana Rivas y sus hijos, víctimas de violencia de género vicaria e institucional".
En un comunicado, el despacho jurídico de Aránguez señala que el juicio que se inicia mañana evidencia la "gravísima anomalía jurídica y social" que se da en el hecho de que el presunto maltratador, que ejerce la custodia del menor, tenga el control de éste.
"Pese a la terrible situación que desde hace años llevan sufriendo la señora Rivas y sus hijos, confiamos en que, por fin, prevalezca la problemática central del denominado 'caso Juana Rivas', que no es ni mucho menos un conflicto sobre custodia ni una 'madre manipuladora' que pretende arrebatarle sus hijos a un 'buen padre', sino un gravísimo caso de violencia de género en su manifestación cruel de violencia vicaria", señalan.
El equipo jurídico lamenta que, mientras tanto, Francesco Arcuri, "con un importante apoyo de parte del sistema judicial granadino", haya podido seguir cumpliendo con la amenaza que, sostienen, le hizo a Juana Rivas "cuanto ésta tomó la decisión irreversible de dejarle: 'te quitaré a los niños y te haré la vida imposible'.
En esa supuesta amenaza enmarcan los abogados de Rivas la denuncia por sustracción de menores interpuesta en marzo en España por Arcuri, que derivó en que la Audiencia de Granada ordenara que se la investigara, motivo por el que tendrá que prestar declaración el próximo 30 de octubre en un procedimiento que, confían, acabe haciendo justicia.
El pronunciamiento de la Audiencia, recuerdan, se produjo el pasado 24 de julio, un día antes de que Rivas entregara a Arcuri, por orden judicial, a su hijo Daniel, de 11 años, que permanecía con ella desde las pasadas Navidades en la localidad granadina de Maracena.
Una medida cautelar adoptada por el Juzgado de Instrucción 4 de Granada permitió al niño continuar con su madre transcurridas las fiestas. Sin embargo, en julio pasado, la justicia española desestimó el último recurso de la madre para frenar que se cumpliera la sentencia que otorgaba la custodia del hijo menor al padre y fijó su entrega y su regreso a Italia, lo que se produjo finalmente el 25 de julio, tras un primer intento fallido.
La condena a cinco años de prisión de Rivas por dos delitos de sustracción de menores fue reducida a la mitad por el Supremo en 2021 y, tras un indulto parcial aprobado ese mismo año por el Gobierno español, quedó finalmente en un año y tres meses de prisión.
La vigencia del indulto está condicionada a que no cometa el mismo delito por el que fue condenada en el periodo de cuatro años, plazo que aún está vigente.
Entienden los abogados que este procedimiento contiene resoluciones judiciales "de vital importancia" para la resolución definitiva del proceso de ejecución de sentencia de custodia por el que "se obligó a Daniel, sin ser escuchado (tal y como exige la normativa y la reciente sentencia del TEDH), a volver a Italia con su presunto maltratador en contra de su voluntad, claramente expresada en múltiples documentos y ante el Juzgado de Instrucción 4 de Granada", el mismo que, tras escucharlo, adoptó el pasado enero la medida cautelar de que permaneciera en España.
Los abogados lamentan que no tuvieran conocimiento de este auto hasta después de la entrega de Daniel, cuando habría sido "fundamental" tenerlo presente en el proceso civil de ejecución de la sentencia sobre la custodia italiana.
"La jurisdicción civil responsable del proceso en Granada, en un seguidismo a ciegas de la Corte Civil de Apelación de Cagliari, y siguiendo el mismo desatino de ésta, ha obviado algo fundamental en un Estado de Derecho y que la jueza del Juzgado de Instrucción 4 de Granada recuerda: la jurisdicción penal es siempre preferente a la civil", agregan.
Según los abogados, ese auto desvirtúa "el argumento central y único en el que se basa Francesco Arcuri y su séquito desde el inicio mismo de toda ésta trágica andadura judicial en Italia y en España: el mal llamado 'Síndrome de Alienación Parental'.
Por último, confían en que el juicio que se inicia mañana permita corregir la "ilegal desconexión entre la jurisdicción civil y penal en Cagliari, con vulneración de principios básicos como el de prejudicialidad penal".
Este largo periplo judicial se remonta al verano de 2017, cuando Rivas estuvo un mes en paradero desconocido con sus hijos para no entregarlos al padre con el argumento de protegerlos del presunto maltrato de Arcuri. En aquel entonces sus hijos tenían 11 y 3 años; hoy el mayor de ellos, Gabriel, ya tiene 19.
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