Granada

Los asesores más caros de la Liga

  • La auditoría expedida por la LFP muestra una "multiplicación de funciones" en labores de 'scouting', intermediación y dirección deportiva del Granada CF

El club rojiblanco ha pasado dos auditorías del Consejo Superior de Deportes en la última etapa de Pina y Pozzo. El club rojiblanco ha pasado dos auditorías del Consejo Superior de Deportes en la última etapa de Pina y Pozzo.

El club rojiblanco ha pasado dos auditorías del Consejo Superior de Deportes en la última etapa de Pina y Pozzo. / carlos gil

Cuando la Liga de Fútbol Profesional (LFP) revisó el informe de auditoria complementario realizado sobre las cuentas del Granada CF en septiembre del 2016 hubo un aspecto que le llamó especialmente la atención: el gasto destinado a labores de scouting -ojear jugadores-, dirección deportiva, intermediación o asesoramiento se había multiplicado por dos durante el último año que Quique Pina ocupó la presidencia del club. Mientras que en la Temporada 2014/2015 la cifra destinada para estos servicios fue de 1,2 millones de euros, en la campaña 2015/2016 la cuantía superó los 2,4 millones, un incremento "sin aparente justificación", según recoge el informe realizado por la empresa contratada por la LFP, BDO Auditores, que después fue requerido por el juez José de la Mata en el marco de la 'Operación Líbero'.

Ante ello, la Liga entendía que existía una "triplicación de funciones y competencias" ya que las empresas Grup Serton 33, Calambur Intermediaciones, Cordero Sport, Joaquín Vigueras Sport y Bonet y Llompart SL, que rezan como cobradoras, habrían realizado servicios similares. Pero además, dos de estas sociedades habrían recibido importes económicos "superiores a los de la propia Dirección Deportiva" del club, cuando según entienden desde la LFP "resultaría innecesaria la participación de otras sociedades con funciones similares", ya que consideran que este departamento mantenía un carácter "estable desde hace varios años".

En concreto, el informe habla sobre los honorarios de Grup Serton 33 -cuyo administrador el Gino Pozzo- y Calambur -en la que reza como administradora la hermana de Quique Pina, Elena Pina, pese a que según la investigación judicial ella sería una testaferro del expresidente del club rojiblanco-, los cuales la LFP considera que estarían "muy por encima de los valores de mercado por este tipo de servicios".

Tal y como recoge el informe, "llama particularmente la atención la relación con Calambur, tanto en los honorarios como en las funciones y atribuciones. Se atribuye (...) la competencia de coordinar, asistir y reunir a los cazatalentos del Granada CF, iniciar conversaciones y gestiones con clubes y jugadores, suplantando o duplicando, en este caso, las funciones propias de la dirección deportiva del Club". Precisamente, la sociedad Cordero Sport sería la correspondiente a esta labor que desempeñaba en el Granada CF Juan Carlos Cordero. Tal y como recoge el informe, existe un incremento de los pagos a esta empresa de 250.000 euros entre una temporada y otra, algo que la LFP considera "de difícil explicación (...) teniendo en cuenta la clasificación y resultados deportivos de temporadas anteriores".

Según el contrato establecido con el Granada CF, Calambur se debía encargar del "seguimiento de los campeonatos profesionales y amateur que se disputen en territorio español", pese a que la LFP concluye que "la gran mayoría de los informes aportados se refieren a jugadores que militan en clubes extranjeros y competiciones que se disputan fuera del territorio nacional, labor ésta que, en principio, sería responsabilidad de otras sociedades de scouting contratadas por el Granada CF".

Asimismo, los informes de jugadores de Calambur analizados durante la auditoría "más que informes de seguimiento exhaustivo, se trataría de resúmenes y valoraciones de carácter subjetivo sobre los jugadores" por tanto consideran que "desde un punto de vista profesional, se echa en falta un análisis más detallado".

El trabajo realizado por Grup Serton 33 no se pudo valorar ya que "no se aportaron informes y comunicaciones que puedan acreditar la prestación de estos servicios", mientras que la empresa Bonet y Llompart, se considera "de escasa necesidad y utilidad", ya que existen "otras sociedades que prestan ese tipo de servicios".

En cuanto a Joaquín Vigueras Sport, el informe recoge que "se establece unos honorarios desproporcionados", a la par que confirma que existe una "relación de confianza, continuada" entre Pina y Vigueras. En concreto, la LFP expone una operación concreta: la contratación del jugador David Barral, en la que se considera "de dudosa necesidad la intervención en la mencionada operación así como el establecimiento de unos honorarios por conseguir la carta de libertad del jugador".

Todas estas conclusiones han sido incluidas por el juez De la Mata en su investigación, por la que se acusa al expresidente del Granada CF de fraude a Hacienda, blanqueo de capitales e insolvencia punible.

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