El Ayuntamiento de Granada acaba de abrir una puerta que hasta ahora era una rendija. Los asesores y el resto de personal de confianza de los grupos políticos, que están contratados y pagados con el dinero de esta institución, podrán desempeñar sus funciones también fuera de las dependencias municipales. Es algo que en la práctica ya ocurría desde hace años, pero que estaba en una especie de limbo, ni prohibido, ni permitido, pero censurado en ocasiones.

Una reciente modificación del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), aprobada en el último pleno gracias al apoyo de los partidos mayoritarios (PP, PSOE y Ciudadanos), ha introducido un cambio en la redacción del artículo que regula los aspectos relacionados con los medios materiales y personales que el Ayuntamiento pone a disposición de los grupos políticos. Hasta ahora su contenido era escueto y sólo hacía mención a que habría dependencias, con despechos reservados para los diferentes partidos con representación en la Corporación y que el Ayuntamiento, en la "medida de sus posibilidades", les facilitaría "una infraestructura mínima de medios materiales y personales".

Esta mínima dotación que recogía el reglamento municipal hasta el mes pasado, en la práctica, y a lo largo de los años, se ha convertido en la creación de una veintena de puestos de trabajo que actualmente ejercen de asesores y secretarios de cada uno de los grupos políticos municipales. La remuneración anual bruta de esta plantilla de personal eventual al servicio de los políticos es de más de 670.000 euros.

Los edictos publicados con el nombramiento de todos estos empleados municipales seleccionados por los grupos políticos establecen que trabajan en régimen de dedicación exclusiva. Ahora bien, hasta ahora era habitual que muchas de estas personas desempeñaran labores al servicio de los mismos partidos políticos en otros lugares de trabajo, como las sedes de sus organizaciones.

Un nuevo párrafo recién introducido en el artículo 191 del ROM viene a regular esta práctica habitual de algunos cargos de confianza. El secretario municipal, que hizo un informe para determinar que la nueva redacción se ajustaba a la legalidad, explica que con este cambio "se faculta a los grupos para que el personal eventual adscrito a su servicio no tenga la limitación exclusiva del desempeño de funciones en las oficinas municipales, sino que pueda tener movilidad para ejercerlas fuera de tales dependencias".

Pero el mismo informe de la Secretaría también advierte, sobre este nuevo párrafo del ROM, que esa flexibilidad para trabajar fuera del Ayuntamiento tiene una "principal limitación" para que sea legal, y es que la actividad desarrollada por estos asesores o miembros del personal eventual "sea al servicio del grupo" municipal (los concejales de un mismo partido), lo que representa una frontera en ocasiones muy difusa con los intereses de la organización política a la que pertenecen o representan.

Este cambio, aparentemente leve, fue aprobado en el pleno del pasado junio dentro de un expediente de modificación del ROM, donde se alteraba una larga lista de artículos que acapararon mucha más atención de los partidos políticos. Se regularon los turnos y los tiempos de intervención de los concejales no adscritos en los plenos, así como otras cuestiones como la presentación de mociones. El conflicto interno entre los concejales de Vamos Granada los convirtió en principales afectados por estos cambios que aglutinaron el debate. Los tres ediles de esta formación y el concejal de IU, Francisco Puentedura, votaron en contra. Con independencia de que el sentido de sus votos pudiera estar más relacionado con esa nueva regulación de los plenos, ambas formaciones son las que menos personal de confianza tienen a su servicio y, por tanto, las que podrían resultar más afectadas por un desequilibrio de recursos políticos si esa plantilla de eventuales se utilizara con fines electorales.