La Federación Independiente de Transportistas de Andalucía, Fedintra, apela a la Administración y solicita medidas urgentes para hacer frente a la inasumible y continuada situación de encarecimiento del precio de la energía (gasóleo, gas, urea, recambios de todo tipo, etc). En Granada son más de 14.000 los escolares que hacen uso del transporte escolar.

En el mes de junio, el precio del gasóleo ha alcanzado la cifra histórica de 2 euros por litro, un 40% más en lo que va de año. A esa terrible subida habría que sumarle un 16,10% producido en 2021. A su vez, el precio del gas natural acumula un incremento del 140% en 2022, siendo en 2021 un 365,41% superior a la media de 2020, indica la Federación en un comunicado.

Algunos proveedores de combustibles han trasladado a Fedintra, que es muy posible que se alcance la cifra de los 3 euros por litro de diésel en los próximos mes, “para el transporte escolar la cifra actual de 2 euros es ya devastadora, y aunque no se alcanzaran los 3 euros por litro, si la Junta de Andalucía no toma medidas para compensar esta situación, con estos costos no podremos empezar las rutas escolares en Septiembre para el próximo curso”, asegura Antonio Vázquez, presidente de Fedintra.

Si los contratos públicos fijan unos precios y condiciones, en función de la situación del momento de la firma; para un periodo que puede extenderse durante años, lo lógico es plantear cláusulas que puedan variar dichas condiciones “tal y como rápidamente se ha establecido en el sector de la construcción, con la revisión de los precios de los materiales", apuntó Vázquez.

Por este motivo Fedintra ha solicitado a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, y a la Agencia Pública Andaluza de Educación una revisión de los contratos públicos de transporte escolar, para poder sostener muchas rutas que dejan ya de ser rentables, y que ponen en serio peligro el traslado de miles de alumnos diariamente en muchos rincones y comarcas de Andalucía.

A medio y largo plazo, es necesario establecer un protocolo de revisión de tarifas o un reequilibrio de los contratos de gestión de los servicios públicos de transporte, así como la revisión de los precios de todos los contratos dependientes de las Administraciones. No se puede llevar a cabo un contrato público, basado en precios de hace años, y seguir tal cual, tienen que preverse unos mecanismos de seguimiento de todos los contratos de transporte público y, especialmente, en el transporte escolar", apuntó Antonio Vázquez, presidente de Fedintra.

Los niveles de demanda de viajeros, sobre todo en el transporte regular, aún están lejos de los de 2019, con una pérdida de más de 1.018 millones de viajeros en 2021, que aún persiste en 2022, con una caída que se sitúa de media en torno al 20%, según los datos del INE.

El autobús es un sector clave para la economía española que, antes de la crisis, facturaba casi 6.000 millones de euros anuales, dando empleo a más de 95.000 personas; además de ser clave en la inversión en tecnologías de movilidad sostenible y en el fomento del transporte público. En Andalucía son más de 500 las empresas afectadas y 11.000 los empleos en peligro.

“Es imprescindible que la Administración Autonómica, tome cartas en el asunto, y articule medidas para sufragar el disparatado coste energético, que incide especialmente en las pequeñas y medianas empresas del transporte andaluz en el servicio del traslado de escolares y en las empresas con rutas de transporte regular. Si se han activado mecanismos para las empresas constructoras ante el encarecimiento de los materiales, se debe aplicar el mismo criterio a las empresas que realizan contratos de servicios públicos (como el transporte escolar) en Andalucía” señala Antonio Vázquez.