La decisión de los trabajadores de Transportes Rober de suprimir desde el pasado jueves el paso de las líneas 5, N5 y N6 por un tramo de la zona Norte próximo a Casería del Cerro será indefinida mientras persista la situación de inseguridad, con hasta 50 incidencias desde Halloween por el lanzamiento de piedras a los autobuses en el tramo entre Joaquina Eguaras y Sánchez Cotán. 

La decisión la tomaron los trabajadores tras no funcionar el protocolo de prevención y por su seguridad y la de los usuarios, de forma que se están utilizando otras calles para evitar ese punto y poder continuar después su recorrido. Desde las 19:00 horas se utiliza esta ruta alternativa hasta el fin del servicio.

El Ayuntamiento de Granada ya informó que había convocado la Junta Local de Seguridad para este lunes y la semana pasada y estos días se ha pedido públicamente refuerzo de Policía Nacional, asegurando que es su competencia en materia de seguridad pública. 

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha dicho este miércoles que "de forma urgente en cuanto conocimos la situación lo primero era garantizar la seguridad de los conductores. Nos reunimos con el comité de empresa y decidimos de forma provisional, mientras solucionamos la situación y tras unos días con la Policía Local protegiendo y acompañado a los conductores, suspender el servicio de forma inmediata", ha detallado.

Carazo ha emplazado a la próxima Junta de Seguridad ya que "no podemos olvidar que la competencia de seguridad más importantes ante situaciones de este tipo es de la Policía Nacional. Tendremos la Junta de Seguridad lo antes posible, por la agenda también del Subdelegado, y es el lunes de la semana próxima (el lunes 19), y de momento estamos planteando otras alternativas pero se necesita más seguridad para esos conductores en el recorrido donde sabemos que están ocurriendo los hechos". Y ha dicho que "garantizar la seguridad de los conductores y usuarios es fundamental y tendremos que volver a poner en marcha ese recorrido porque no puede afectar a los demás pero cuando se garanticen las condiciones de seguridad", ha informado.

En paralelo, "las asociaciones de vecinos, los trabajadores sociales, los colectivos están haciendo su trabajo desde el punto de vista educativo, con las familias y trasladando que ese tipo de actuaciones no pueden realizarse". 

Tras conocerse esta decisión, comunicada también el martes a los grupos políticos en comisión de Movilidad, el PSOE ha acusado al gobierno de Carazo de "dejación de funciones descartando como en ocasiones anteriores establecer un dispositivo de seguridad que garantice la prestación de un servicio al que tienen derecho todos los granadinos con independencia de dónde residan".

Decisión "sin precedentes"

El portavoz del PSOE, Paco Cuenca, ha señalado que se trata de una decisión “sin precedentes” en esta ciudad "que vuelve a poner de manifiesto que el PP es incapaz de resolver los problemas de la ciudad y proteger a los granadinos de unos vándalos que están identificados y que hay que reducir". Cuenca ha precisado además que estos actos “por desgracia no son una novedad en los barrios del Norte, pero en ocasiones anteriores desde el Ayuntamiento se ha activado sobre la marcha el dispositivo de protección que, con un doble eje de acción, proteger y escoltar los autobuses para disuadir a los vándalos, al tiempo que se les detiene”.

El socialista ha detallado que “los agresores están muy identificados y no se entiende que en vez de abordar el asunto se suprima el servicio y se castigue a todos los vecinos de los barrios sin más”. Para el ex alcalde, “tomar esta decisión y convocar una Junta de Seguridad una semana más tarde pone de manifiesto que para Carazo le importa poco o nada los barrios del distrito Norte, después de ocho meses de un gobierno que desde el inicio ya estigmatizó a todo un distrito, como pudimos comprobar con las declaraciones discriminatorias del concejal de Juventud del PP hace unos meses”.

Para concluir, desde el PSOE han solicitado que se dé marcha atrás a la medida y se establezca un dispositivo que garantice la prestación del servicio “como es obligación del equipo de gobierno de Carazo, que de nuevo hace dejación de funciones ante su incapacidad para resolver un conflicto que se ha producido con anterioridad y se ha atajado con organización, gestión y colaboración entre administraciones, y no estigmatizando a un barrio, dejando a miles de vecinos sin autobús y sin protección”. “El Ayuntamiento de Granada actúa como Endesa en el Distrito Norte. En lugar de abordar el problema, suprime el servicio público básico y opta por criminalizar y castigar a todo un distrito”, ha sentenciado.