Bajan las reclamaciones al tribunal económico del Ayuntamiento de Granada, con multas, plusvalía e IBI como principal asunto

El Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Granada ha presentado este martes su memoria de actividad de 2025, en la que se evidencia que con un esfuerzo importante por la situación de la plantilla del tribunal y los cambios producidos, se han registrado 164 reclamaciones económico administrativas, un 31% menos que en 2024, lo que mantiene la tendencia a la baja que se inició en 2023.

En relación al importe, el dato es más positivo ya que las reclamaciones interpuestas en 2025 suponen un importe un 39,7% inferior a las de 2024. Por término medio, el importe de cada una de las reclamaciones que se interpusieron en 2025 representó el 60% del importe de las reclamaciones interpuestas en 2024. El importe en 2023 rozaba los 7 millones y en 2025 no llega al millón de euros.

Respecto a la materia objeto de la reclamación, la mayoría (109) fueron por ingresos públicos de naturaleza tributaria, correspondiendo 95 a impuestos y 14 a tasas; seguidas de las de ingresos públicos de naturaleza no tributaria (55, de las que 54 fueron sanciones de tráfico y una sanción disciplinaria de urbanismo).

Motivo y cantidad económica

Durante 2025 las reclamaciones económico administrativas más numerosas fueron las relacionadas con sanciones de tráfico seguidas de la plusvalía y el IBI, igual que en los dos últimos ejercicios. Con todo, se remarca la bajada de las sanciones de tráfico, que han pasado de 95 reclamaciones en 2024 a 54 en 2025, además de la plusvalía, que han bajado de 56 a 36. Sin embargo, han crecido las reclamaciones por IBI, subiendo en una más (de 34 a 35). Le siguen en número las reclamaciones por el IAE (14), el impuesto de circulación de vehículos (7), el ICIO (3), la tasa de vado (3), la tasa de ocupación de vía pública para terraza (2), la disciplina de urbanismo, las tasas de urbanismo, las tasas de ocupación de terrenos de uso público, la de kioscos y la de suministros (todas con una reclamación).

Respecto a la cuantía individual de cada reclamación, lo que conlleva procedimientos de resolución diferentes según la cantidad, el 73% fueron de menos de 1.200 euros, que se solucionan por procedimiento abreviado, y el 26% de mayor cuantía, lo que sigue un procedimiento general. Esto indica que la reducción del importe total de las reclamaciones en 2025 no es solo por el menor número sino porque fueron de menor cuantía.

Resoluciones

En cuanto a las resoluciones, se terminaron de resolver dos pendientes de 2023, se han resuelto 110 de 2024 y tres de 2025, quedando pendientes 82 de 2024 y 161 de 2025. En total, se han resuelto en el último año 115 y quedan pendientes 243.

La materia de las reclamaciones resueltas sigue indicando un mayor número de reclamaciones por sanciones de tráfico y plusvalía, aunque IBI, ICIO y tasas urbanísticas fueron las que tuvieron mayor peso económico.

El plazo medio de resolución excedió en 7,89 meses el plazo máximo establecido de un semestre, por lo que la resolución se queda en 2,31 semestres.

En cuanto al sentido de las resoluciones, de las 115 resueltas en 2025 se desestimaron 79 (60,8%), se estimaron 13 (11,3%), se estimaron parcialmente 5 (4,35%), se inadmitieron 20 (17,3%) y se archivaron por satisfacción extraprocesal y por silencio 7 (6%). Comparado con el 2024, se han estimado y estimado parcialmente más que hace un año, pasando de un 13 a un 15%.

Según la memoria, en 2025 se interpusieron siete recursos contencioso-administrativos de las 115 reclamaciones resueltas, lo que supone un descenso del 14% respecto al ejercicio anterior. Esos recursos fueorn por plusvalía, IBI, ICIO y tasas de urbanismo, por lo que piden a Urbanismo y a Inspección de Tributos que "ajusten sus procedimientos a la jurisprudencia establecida en relación con la figura del sustituto del contribuyendo por el concepto de ICIO".

Durante 2025 se recibieron en el tribunal 24 peticiones de juzgados de lo contencioso-administrativo por reas recurridas con un montante de más de 800.000 euros, un 6% más que en 2024.

La oposición ha advertido de la posible litigiosidad que suponga la nueva tasa de basura, ante lo que el TEAM se muestra tranquilo de que la tasa es fruto de un estudio riguroso y complejo.