El Consejo de Ministros ha remitido al Congreso un listado con 34.961 inmuebles inmatriculados de la Iglesia entre 1998 y 2015 que abre la vía a posibles reclamaciones sobre la titularidad de miles de ellos. Y de ellos, 244 bienes inmuebles se encuentran en la provincia de Granada, como la Iglesia de Santa María de la Alhambra, la Catedral de Guadix o la iglesia de San Pedro en el Albaicín. 

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha recordado que el PSOE ha venido reclamando desde hace años la publicación de esa relación de inmatriculaciones de la Iglesia y el Congreso ya aprobó en 2017 una proposición no de ley en la que se urgía a ello al Gobierno.

La iglesia  podía, desde 1998 con la Ley Aznar, registrar los bienes que consideraba que eran de su propiedad y que no estaban oficialmente inscritos en el registro. Esa posibilidad se acabó en 2015, por lo que la iglesia  ha ido haciendo por lotes y oleadas las inmatriculaciones de su patrimonio.

Un hecho, que por ejemplo, permitiría avalar un crédito con un templo Bien de Interés Cultural, entre otras cosas, o controlar usos reduciéndolo en exclusiva a la religión católica. 

¿Y en Granada ? La iglesia  tiene inmatriculadas  todas las iglesias  patrimoniales e históricas de la ciudad.  Así, inscritas en los últimos años a nombre de la iglesia  en Granada  está nada más y nada menos que el Conjunto Catedral, San Ildefonso, San Miguel Bajo, San Cecilio, San Nicolás, San Pedro, San José, San Matías, San Bartolomé, San Juan de los Reyes, el Salvador, San Andrés, San Justo y Pastor y Santa Ana.  El conjunto de Catedral, Capilla Real y Sagrario, que no aparece en esta lista del Gobierno, está inmatriculado  desde octubre de 2015.

En este caso, el templo estaba desacralizado y contó con fondos públicos para su restauración por su valor histórico y patrimonial. Se habló de darle uso cultural para el barrio pero finalmente fue inscrito a nombre de la iglesia  y consagrado. 

Cualquiera que discrepe podrá reclamar

Calvo ha señalado que, a partir de la publicación de este listado, cualquier persona física, jurídica o administración pública que discrepe, puede reclamar alguno de estos bienes, ya sea por "vía administrativa", para que la Administración General del Estado abra la investigación correspondiente o por "la vía de los tribunales".

Además, ha añadido que si la Iglesia Católica considera que hay algunas inmatriculaciones que pueden ser o no contestadas y que de oficio las puede resolver, o va a defender sus derechos ante los tribunales frente a una parte hipotética que también ejerza el derecho, "esa será una decisión suya".