Granada

Entre el brindis al sol y el ataque a la propiedad

Dejando al margen a los propios impulsores de esta nueva normativa, no son muchos los colectivos que se han mostrado entusiasmados con el decreto para la función social de la vivienda. Ni los que, en teoría, deberían estarlo, ni por supuesto los que forman parte de sectores que se sienten especialmente agraviados por la norma.

El grupo Stop Desahucios, el que ha protagonizado en los últimos años las protestas contra las entidades financieras y los lanzamientos, el que ha pedido una modificación de la Ley Hipotecaria para atender al drama de las miles de familias que se quedan cada año sin vivienda, no ha recibido con demasiado entusiasmo la medida. El abogado y miembro de Stop Desahucios Pepe Iglesias se muestra muy crítico con el hecho de que no haya contando con los sectores afectados para la elaboración de esta normativa, que finalmente no incluye la principal reivindicación del grupo: la paralización de los desahucios. "Van a seguir echando a la gente de sus casas", explica Iglesias, que recuerda que sólo en los casos en los que se pueda demostrar una "emergencia social" se paralizará el proceso durante tres años mediante la expropiación de la vivienda y la cesión en alquiler a la familia. "Menos da una piedra", reconoce Iglesias, que asegura que las medidas de la Junta son "una declaración de buenas intenciones" que no ataja la raíz del problema.

Mientras tanto, Stop Desahucios sigue reivindicando a las administraciones que se atrevan a paralizar los procesos y a estudiar, con la nueva jurisprudencia en la mano (la del Tribunal Supremo, que declara nulas las cláusulas suelo en casos de falta de transparencia, y la del Tribunal de Justicia Europeo, que considera ilegales las cláusulas abusivas), cada uno de los casos.

Si los propios afectados no están del todo de acuerdo con la iniciativa del Gobierno andaluz, menos lo están los promotores. El secretario general de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Granada, Francisco Martínez Cañavate, aseguró que las "formas no son las correctas" para solucionar este problema que "preocupa al conjunto de la ciudadanía". Según el representante de los constructores, "no se puede perjudicar a un sector para beneficiar a un colectivo" atacando el derecho a la propiedad y multando a los dueños de un stock que nadie desea. "No se puede incentivar el alquiler con sanciones", indica Martínez Cañavate, que recuerda que la acumulación de viviendas vacías "no es voluntaria" y que el alquiler difícilmente cubrirá las estructuras de coste de las empresas que podrían verse afectadas por las sanciones. Para la ACP, la medida es un brindis al sol que va a servir de poco y que se han puesto en marcha "con un fin recaudatorio y confiscatorio que atenta contra la propiedad privada".

Por su parte, el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Granada, Javier García-Valdecasas, indica que los propietarios, en general, quieren obtener rentas de sus viviendas, "pero siempre y cuando tengan garantías de cobro, del cuidado y de la restitución de las mismas".

García-Valdecasas considera que el decreto es "una respuesta a la ineficacia que hasta ahora ha habido en las políticas de vivienda" y que adopta medidas no vistas hasta ahora que, sin perjuicio de las dudas jurídicas que se planteen, "provocará que los inversores estén muy pendientes de cómo se van a gestionar". Pese a ello, el presidente de los agentes de la propiedad indica que "lo más importante es salvar la situación de quienes han sido víctimas de abuso en la contratación inmobiliaria y ahora se encuentran en grave riesgo de exclusión". Y, a partir de ahí, habrá que buscar "nuevas políticas de vivienda que eviten en el futuro situaciones como la presente".

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