El nuevo calendario radicaliza la oposición estudiantil en la UGR

universidad | ADELANTO de LOS EXÁMENES DE septiembre

Unos 50 jóvenes irrumpen en el Consejo de Gobierno, que ayer aprobó el cambio, y obligan a cerrar la biblioteca del Rectorado.

El nuevo calendario radicaliza la oposición estudiantil en la UGR
El nuevo calendario radicaliza la oposición estudiantil en la UGR
A. Asensio

Granada, 16 de mayo 2017 - 13:29

La apuesta del Rectorado por modificar el calendario académico en la Universidad de Granada ha abierto una nueva crisis en la UGR. Desde que se abordó la necesidad del cambio se supo que habría sectores contrarios a la reforma y que no iba a ser un camino de rosas. Ayer, en el debate del Consejo de Gobierno donde se decidió la nueva ordenación del curso, se dio un nuevo episodio de oposición radical a los planes del Rectorado. Al final se consiguió imponer cierta normalidad y aprobar la modificación del calendario académico, lo que, entre otros cambios, supone el adelanto de los exámenes de septiembre.

Un grupo de medio centenar de jóvenes irrumpió en el salón de Convalecientes del Rectorado, sede habitual de las reuniones del Consejo, interrumpió la reunión y obligó a trasladarla al Salón Rojo del Hospital Real. Entre los que participaron en la protesta -que finalizó antes de las dos de la tarde-, rostros que ya se habían hecho notar en el encierro de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias, donde uno de los motivos de la clausura forzada de la Biblioteca fue, precisamente, el nuevo calendario académico. Ayer, en el Rectorado, una de las primeras decisiones fue cerrar la Biblioteca en previsión de que los estudiantes intentaran encerrarse de nuevo. También se controló el acceso al Hospital Real, que quedó cerrado a las visitas.

Más allá de la irrupción en el Consejo, desde la Delegación General de Estudiantes (DGE) -órgano de representación estudiantil dentro de la UGR- también se mostró la oposición a la propuesta del cambio de año académico. Desde la DGE se manifestó a través de una nota que apoyan "las reivindicaciones de los colectivos estudiantiles", e instaron que éstas protestas se desarrollaran de "forma pacífica". Pero no fue así. Los jóvenes entraron pese a que los agentes de seguridad intentaron cerrar el acceso. Como consecuencia, uno de ellos cayó al suelo en dos ocasiones. Tras el incidente, el guardia reconoció haber pasado miedo.

En cuanto a los jóvenes que se manifestaron ayer por la mañana en el Rectorado, éstos explicaron tras salir del salón de Convalecientes que, pese a que en el Consejo participaban tres alumnos pertenecientes a la Coordinadora Sindical Estudiantil (CSE), consideraban insuficiente esa representación. Además, incidieron en que en el orden del día de la reunión no se incluyera la propuesta planteada desde la CSE, con exámenes de recuperación en septiembre. Los estudiantes defendieron que su propuesta había sido la que más apoyos había recabado en las asambleas y votaciones organizadas por la propia Coordinadora en centros y facultades de la UGR. "Esto no parece suficiente para el Rectorado, que sólo permite votar por julio o cuatrimestres cerrados".

La posición del equipo de Gobierno de la UGR en el proceso de modificar la ordenación del año académico no ha sido nunca tibia. Se quiso, desde el principio, que toda la comunidad universitaria participase. Se hizo una ronda por facultades y centros, se convocaron reuniones, se habilitó un buzón de sugerencias y se difundió información a través de la web del Vicerrectorado de Docencia.

Ayer, el debate en el Consejo de Gobierno se aprobó la propuesta que prevé que el próximo curso 2017/2018 finalice el 13 de julio. Así, dicho marco general establece la desaparición definitiva de los actuales exámenes de septiembre y la conclusión del curso antes del periodo vacacional de agosto. El curso se divide en dos semestres de aproximadamente 18 semanas, en los que se fijan las fechas de referencia de inicio y final de las actividades lectivas.

Este marco general contempla dos modelos "básicos" de calendario, uno que se desarrolla a lo largo del curso más o menos como en la actualidad pero que 'adelanta' septiembre al mes de julio; mientras que el segundo incluye cuatrimestres cerrados. Dentro de estas propuestas cada centro debe fijar su "propio modelo de calendario", indica la UGR, así como la programación de las pruebas de evaluación final. Ese modelo debe ser aprobado por junta de facultad y comunicado al Vicerrectorado de Docencia antes de su aprobación definitiva. De este modo, cada centro podrá adecuar el calendario a sus "sensibilidades".

Desde la DGE, se señaló que existe la posibilidad de un paro académico para reclamar al Rectorado que dé un paso atrás y que sopese realizar un referéndum. Desde la CSE, por su parte, se afirmó que en los próximos días se debatirían nuevas protestas.

La plantilla crecerá en 2017 con 164 plazas de docentes e investigadores

El Consejo de Gobierno de la UGR aprobó ayer los acuerdos previamente adoptados por su Comisión Académica en relación a la Oferta de Empleo Público (OEP) del Personal Docente e Investigador con vinculación permanente de la UGR para el 2017. Concretamente, atendiendo a los cambios introducidos en la tasa de reposición, se calcula que los ceses en el año 2016 de personal docente e investigador en la UGR a computar a tales efectos son 124 (60 bajas por ceses en la prestación de puesto de trabajo y 64 por declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo de los titulares de la Universidad que promocionaron a Catedrático de Universidad en el 2016). En consecuencia, se ha presentado y aprobado una propuesta de OEP de personal docente e investigador de 104 plazas de titular de universidad (6 para estabilización de personal investigador del plan propio de reincorporación de doctores, 1 para estabilización de investigador Ramón y Cajal y el resto para la promoción del personal docente e investigador de la UGR acreditado); 1 plaza de profesor contratado doctor para la estabilización del plan propio y 59 plazas de catedrático por promoción interna. Esto supone un esfuerzo económico de 1,5 millones y se espera eliminar la lista de espera de acreditados en dos años.

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