El Juzgado que investiga la gestión de la televisión municipal TG7 en la última etapa de gobierno del PP acaba de recibir cientos de documentos y facturas enviadas por la empresa privada contratada por el Ayuntamiento para la grabación de programas (CBM SL). La Fiscalía ha propuesto, además, que se requiera a la Agencia Tributaria la aportación de las declaraciones de IVA presentadas por esa mercantil y otras del mismo grupo de comunicación durante el periodo que va desde 2013 a 2015.

La documentación entregada, que podría complementarse con la que consta en Hacienda, hace referencia a los servicios extraordinarios, fuera de contrato, que durante esos años prestó la empresa contratista de la televisión "a requerimiento del Ayuntamiento" y que llegó a sumar casi un millón de euros (930.343 euros IVA incluido). Se incluyeron en esa cuenta contratos laborales, colaboraciones, dietas de Fitur, gastos de viajes, alquileres y gastos de "interiorismo".

CBM ha presentado ahora nóminas, facturas de profesionales y otros documentos que acreditarían que esos servicios fueron realmente prestados a la televisión hasta 2015, un año en el que ese tipo de gastos se dispararon respecto a los dos ejercicios anteriores.

El otro gran bloque de documentos es el de las facturas que la contratista de la televisión emitió a las principales empresas de servicios municipales y que se encargaron durante esos años de afrontar parte de los gastos extraordinarios requeridos por el equipo del PP.

Desde 2013 a 2015, las empresas de aguas, transportes, limpieza y basuras abonaron a CBM un total de 381.567 euros que sirvieron para minorar esa "bolsa" de gastos fuera de contrato generados en la televisión. Emasagra, con 217.800 euros (IVA incluido) se convirtió el principal patrocinador (o sponsor, como se define en la documentación). Le siguen Inagra, con 101.458 euros; Ecoembes (en relación al Consorcio de Residuos Sólidos de Granada), que aportó 31.900 euros; la empresa de autobuses urbanos Rober, con 24.200 euros; y la Fundación Granada Educa, con 5.000 euros.

Todos ellos obtenían a cambio la difusión de sus anuncios y campañas en TG7, como el caso de Rober, que contrató una promoción de la controvertida LAC. Pero la clave del asunto es que esos ingresos publicitarios de la televisión municipal, en lugar de ir a las arcas del Ayuntamiento, eran facturados y cobrados directamente por la empresa privada de la tele, CBM u otras sociedades de su mismo grupo empresarial (Secuoya), como pago por esos gastos extraordinarios que se estarían generando al margen del contrato y que se reflejaban mes a mes en unas actas que firmaba el edil Juan Antonio Fuentes.

La fiscal que investiga este caso de TG7 expone en su denuncia que este sistema de generación de gasto y compensación con pagos de otras empresas sin pasar por la contabilidad se habría orquestado para "eludir el control de la Intervención Municipal". Constata en su escrito que la mercantil CBM "ingresó en el periodo 2013-2015 directamente (y subraya esta palabra) dinero por publicidad que no quedó registrado en la contabilidad municipal y no pasó por los órganos de fiscalización".

De este modo, tanto la parte de esos gastos extras que quedó pendiente de pago y que reclama ahora la empresa al Ayuntamiento (548.775 euros), como la otra parte que fue sufragada por los patrocinadores conseguidos "con la mediación del Ayuntamiento" (según un escrito de CBM), 381.567 euros, constituirían en conjunto un perjuicio económico para la ciudad.

La mercantil ha justificado la generación de esos gastos como "imprevistos" que iban surgiendo por las necesidades del servicio, pero la Fiscalía subraya que era una situación que se repetía mes a mes, por lo que es difícil considerarlo algo imposible de planificar para incluirlo en un contrato formal.

Durante los tres años, esos gastos no se llegaron ni a facturar, solo se reflejaban en actas mensuales firmadas por Fuentes y donde se recogían también los ingresos que CBM iba teniendo conforme iba facturando campañas de publicidad en TG7 a los sponsors del Ayuntamiento, aunque no detallaba cuáles eran.

Ha sido ahora, a petición del Ayuntamiento primero y después del Juzgado, cuando la empresa CBM ha enviado el detalle de las facturas que cobró a Emasagra, Rober, Inagra y otras.