El campo de Granada se manifestará el 18 de marzo para exigir que las ayudas al temporal cubran las comarcas olvidadas por el decreto del Gobierno

El campo de Granada se volverá a echar a la calle el próximo 18 de marzo para exigirle al Gobierno la inclusión de las cinco comarcas de la provincia (Guadix, Baza, Huéscar, Montes Orientales y Alpujarra) que se han quedado fuera del decreto de ayudas por el enjambre de temporales de enero y febrero. Cooperativas Agroalimentarias de Granada valoró esta semana en 63 millones de euros el dinero que se quedaría pendiente de recibir del estado en la provincia al dejar fuera esas zonas. Asimismo, Faeca ha acordado un calendario de actuaciones relacionadas con el asunto tras mantener una reunión con alcaldes de las comarcas afectadas, asó como con presidentes de diferentes cooperativas para analizar los porqués de la exclusión "de amplias zonas" de la geografía provincial afectadas por graves daños causados por la lluvia y desprendimientos en el episodio meteorológico extremo vivido en las últimas semanas.

El encuentro, informa Faeca, ha servido para coordinar una estrategia conjunta de respuesta y para poner en marcha una serie de comisiones informativas en las distintas comarcas afectadas, que comenzarán en los próximos días y servirán para explicar la situación a agricultores, cooperativas, ayuntamientos y organizaciones del sector. Dentro del calendario acordado, el punto fuerte culminará el 18 de marzo con una movilización provincial, "que contará con el respaldo de las cooperativas, los ayuntamientos y el conjunto del sector agrario". Desde Faeca han señalado que aún se desconoce de qué forma se realizará la movilización, que se irá definiendo en los próximos días, aunque prácticamente se da por descartado que sea una tractorada ya que los agricultores afectados por la falta de ayudas proceden de comarcas alejadas de la capital, lo cual "dificulta" el traslado hacia la ciudad.

Según los datos manejados por Faeca, 34 cooperativas de las comarcas de Los Montes, La Alpujarra, Guadix, Baza y Huéscar quedan fuera del acceso a las ayudas directas contempladas en el decreto estatal, lo que afecta a más 17.600 agricultores y ganaderos socios de estas entidades. Estos productores declararon en el último ejercicio, el del año 2024, cerca de 222 millones de euros de facturación, con una media aproximada de 12.600 euros por agricultor. De poder acceder a las ayudas previstas, podrían recibir aproximadamente un 30% de esa renta, lo que supondría unos 5.000 euros de media por agricultor. En términos globales, la exclusión de estas zonas supondría que la provincia de Granada dejaría de percibir alrededor de 63 millones de euros, "una cantidad clave para explotaciones que ya presentan rentas bajas y que han sufrido importantes daños", explican desde Cooperativas.

Durante la reunión, que tuvo lugar en la tarde del jueves, se acordó también impulsar "una plataforma conjunta de acción" en la que estarán representados alcaldes de los municipios afectados, uno de cada grupo político, cooperativas, y organizaciones del sector agrario con el objetivo de "reforzar la reivindicación y trasladar una posición unitaria de la provincia", indica Faeca. El presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Granada, Fulgencio Torres, ha subrayado que la situación requiere una respuesta coordinada.

“Estamos hablando de miles de agricultores que han sufrido daños y que, sin embargo, se quedarían fuera de las ayudas por una delimitación administrativa que no refleja la realidad del territorio. Por eso vamos a trabajar de forma coordinada con alcaldes, cooperativas y representantes institucionales para que esta situación se corrija”, ha señalado. Torres ha explicado que las reuniones informativas permitirán trasladar con claridad a los agricultores el alcance del decreto y las consecuencias que tendría para estas zonas.

“Nuestro objetivo es informar, movilizar y defender a nuestros agricultores. Las comarcas afectadas son además algunas de las que tienen menor renta agraria y menos apoyo público en los últimos años, por lo que resulta aún más necesario que se revisen los criterios del decreto”, ha afirmado. “La agricultura es el principal motor económico de muchas de estas comarcas. Si las explotaciones no reciben el apoyo que necesitan tras los daños sufridos, las consecuencias no serán solo para los agricultores, sino para toda la economía rural”, ha concluido Torres.