La capital aprueba un 'IBI social' a medida de los "parias" de Granada

Subida de impuestos y congelación salarial. El primer pleno del Ayuntamiento de Granada tras el parón vacacional estuvo marcado por la crisis, "una crisis brutal" para el concejal de Economía del Ayuntamiento de Granada, Juan Antonio Mérida, que ha propiciado un ajuste económico reflejado en unas nuevas ordenanzas fiscales, donde la única tasa que se congela es el impuesto de vehículos quedan marcadas por incluir una medida perfecta para los "parias" de Granada.

El debate sobre Ley de los Presupuestos Generales el Estado del Congreso se trasladó ayer al Salón de Plenos cuando llegó la hora de aprobar la nueva normativa económica para el 2009. Un reglamento que salió adelante con los votos del PP y que la oposición criticó duramente al considerar que se ceba con la economía doméstica y daña al tejido empresarial y turístico de la ciudad. El concejal de IU, Manuel Morales lo pudo decir más alto pero no más claro: "No digan que congelan los impuestos porque no es así. Los ciudadanos verán como su recibo de contribución sube hasta 7 puntos, serán testigos como la tasa de basura asciende en torno a un 9 por ciento y en el caso de los establecimientos comerciales llega hasta el 50 por ciento, cifras que se añaden al incremento hasta un 12 por ciento de IBI que le aplican a las instalaciones sanitarias".

La concejal socialista, María Jesús González, apoyó las tesis de Morales y criticó al portavoz popular de "vender" titulares mediáticos -en relación al 'IBI Social'- pero de no profundizar y explicar a la ciudadanía las modificaciones que han introducido en los impuestos. "Nadie cuenta que ese 'IBI social' del que hablan sólo supondrá 7 euros anuales y nadie dice que no hay bonificaciones que apoyen la sostenibilidad, al igual que tampoco se avisa a los contribuyentes que se reducen los plazos para solicitar estas ayudas". Pero nada sirvieron los argumentos de la oposición.

El concejal del área de Economía, Juan Antonio Mérida, mantuvo en su discurso que la subida media estará en el 4,5 por ciento y se agarró a la nueva medida fiscal bautizada como IBI Social para defender a capa y espada los 300 folios de la nueva ordenanza. "¿Saben lo que les pasa? Que les cuesta aceptar que pongamos medidas de apoyo para los 'mileuristas', los pensionistas, los que más lo necesitan, los parias de Granada...", apuntó el portavoz municipal. Juan Antonio Mérida argumentó que el Ayuntamiento lleva muchos meses anunciando la difícil situación económica "a la que nos lleva ZP" y que desde entonces llevan poniendo en marchas medidas de austeridad para intentar solventar esta situación. Con la frase: "Si tenéis alegaciones presentarlas y se estudiarán", dio carpezado a un debate que cambia de titular dependiendo de quien lo escriba.

Precisamente, una de las medidas de austeridad de que las hablaba Mérida afecta directamente a los concejales y no es otra que su congelación salarial, otro de los puntos en los que los tres partidos se enconaron en un intenso discurso político en el que PP y PSOE iban de la mano y en el que se encontraron en contra a Izquierda Unida.

La portavoz de la coalición de izquierdas, Lola Ruiz, presentó una moción alternativa para solicitar que los sueldos de los ediles no se congelaran "sino que se retrotraigan a 2003 y se congelen partiendo de esa base". Su propuesta no llegó demasiado lejos, ya que socialistas y populares la rechazaron al considerar que esta "moción era oportunista y demagógica". La respuesta de IU fue contundente y achacó a que el bloqueo salarial viene precedido de un incremento del 20 por ciento que ya se hicieron los concejales en los suelos años anteriores, "eso no es congelar los salarios sino consolidar el aumento injustificado que se aprobó primero en 2003 y luego en 2007".

Por último, las tasas de la factura del agua cerraron la triada económica del pleno municipal. Tras la Junta General de Tarifas los grupos municipales acordaron que el próximo año la factura del agua suba a razón del consumo de los ciudadanos. Así, los más consecuentes con el gasto del preciado líquido sólo aumentarán en 52 céntimos su recibo y aquellos considerados "derrochadores" podrán ver incrementado su pago hasta en seis euros.

Con todo, la cuestión es que de después de cinco horas de debate, el IBI, el IPC, los recibos de los ciudadanos, la crisis y, cómo no, "los parias" abrieron las puertas de un nuevo curso político en el que los ajustes presupuestarios y los medidas recaudatorias pasarán de los debates plenarios a los bolsillos de los ciudadanos.