Uno de los principales agujeros económicos del Ayuntamiento de Granada está provocado por la dificultad para cobrar las multas de conductores no residentes en la ciudad. Si un granadino deja de pagar esta sanción se puede activar un procedimiento para embargarle, incluso, la cuenta en caso de impago. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando un vecino de otra provincia se salta un semáforo? En ocasiones, seguir el rastro es una tarea de gran complejidad que acaba por enviar las multas al temido cajón del dudoso cobro.

Ante esta situación, el Ayuntamiento y la Diputación han desarrollado un convenio para "la recaudación ejecutiva de multas" (tanto de tráfico como resto de sanciones posibles) que tiene como objetivo mejorar el procedimiento para que los infractores no escapen a la sanción. En un Consejo de la Agencia Tributaria celebrado ayer en el Ayuntamiento el equipo de Gobierno socialista puso sobre la mesa este acuerdo que, en principio, fue apoyado por todos los grupos municipales exceptuando IU.

El convenio, al que ha tenido acceso este periódico, tiene como objetivo lograr la "cooperación y asistencia" para lograr ese cobro en casos extremos "por la vía ejecutiva" que de otra forma parece imposible. Así, en las cláusulas se establece que el Ayuntamiento delega en la Diputación Provincial la "gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de las multas de tráfico, cuya titularidad le corresponda, y que se formalice mediante la entrega de los correspondientes pliegos de cargo al Servicio Provincial Tributario de la Diputación".

Según un informe aportado ayer en dicha reunión, en octubre de 2018, del total de multas impuestas en la capital hay 127.421 en situación de pendientes de cobro correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017. De éstas 3 se corresponden con extranjeros, 37.000 de Granada capital,15.791 residentes en la provincia y 11.795 de residentes en otras provincias. No obstante, la medida se centrará en las multas de la provincia, pues, para controlar más allá de los límites habría que establecer convenios similares con el resto de diputaciones.

En cuanto al impacto económico que tendrá esta medida, el convenio establece que la media del importe principal cargado para su cobro durante los cuatro ejercicios anteriores es de 5.621.171 millones. No obstante, la Diputación Provincial tendrá acceso a un ingreso del 25% del principal de los valores cargados, a los que habría que sumar los importes que esta administración municipal dejaría de ingresar en concepto de los intereses que se hubieren devengado del procedimiento administrativo y de las cosas causadas en el expediente. Es decir, de las multas que el Ayuntamiento remita a la Diputación para que ésta las gestione, la administración provincial se quedará con un 25%.

Esto quizás fue el punto con menos aceptación por parte de los grupos. De hecho, el portavoz de IU, Francisco Puentedura, votó en contra al entender que la cantidad era excesiva aunque mostró su grado de acuerdo con el mecanismo para mejorar el cobro.

Del mismo modo, la concejal de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, que sí votó a favor de la medida, consideró que sería conveniente rebajar el porcentaje.

Para asegurar los requisitos de validez y eficacia de este convenio se asegura que el convenio no supone la cesión de la titularidad de la competencia.