El proyecto Granada en clave de Empleo no termina de despegar. Es más, en la actualidad es un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento. La capital lo puso en marcha en 2018 con el anterior gobierno socialista para la formación e inserción de las personas más vulnerables en el contexto del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE)) con un importe de 11,7 millones de euros, de los que 9,4 estaban financiados por el Fondo Social Europeo y 2,3 los pone el Ayuntamiento con personal propio e instalaciones.

Un programa millonario con luces y sombras que el actual equipo de gobierno ha pedido modificar por imposibilidad de cumplirse en su totalidad y evitar penalizaciones pero que hay obligación de mantener por el compromiso adquirido con el Gobierno, por lo que buscan la fórmula de hacerlo.

El problema, según el concejal de Empleo, Manuel Olivares, es que no se pueden cumplir muchos de los itinerarios diseñados por el gobierno socialista, por lo que se incumplirían las condiciones que llevaban implícitas la aceptación de la subvención y que marcan cumplimiento, plazos y ejecución.

De hecho, a final de septiembre el nuevo gobierno local ha pedido al Ministerio un reajuste del proyecto en base a “garantizar la ejecución realista y eficiente del proyecto ajustando los itinerarios a la realidad de la población” ya que los técnicos calculan que solo se pueden cumplir unos 50 de los 113 itinerarios programados hasta diciembre de 2021. También se quiere garantizar “la sostenibilidad económica del proyecto” para minimizar las penalizaciones por incumplimiento en los plazos de ejecución y porcentaje de certificación del gasto ejecutado”. Pero el Ayuntamiento tendrá que seguir adelante con el proyecto porque al subvencionar a Granada se quedaron otros ayuntamientos fuera, por lo que se obliga al cumplimiento.

El responsable de Empleo resalta además que no todos los informes eran favorables al diseño de este programa y ejecución. En un informe municipal para la puesta en marcha del proyecto de diciembre del año pasado (días antes de que se firmara la aceptación de la subvención y sus condiciones) se recoge que el proyecto tiene un abanico que responde a las necesidades y demandas del mercado laboral y se “debe ajustar a los perfiles de la población desempleada del municipio y a su oferta y disponibilidad de formación”.

Y es que, según Olivares, muchos de los itinerarios no dan formación acorde a la realidad laboral de Granada. Por eso se aconsejaba, dada la envergadura del proyecto, “analizar, evaluar y planificar todos sus condicionantes antes del inicio de las actuaciones coordinados con todas las áreas para una toma de decisiones que permita la puesta en marcha del proyecto con criterios mínimos de eficacia en la ejecución”.

En enero de este año, el servicio de Formación emitió un informe de planificación en base a la certificación obligada del 20,5% del proyecto para el 31 de julio de 2019, es decir, 2,4 millones de los que 1,9 son de subvención y 483.351 euros, de cofinanciación. La no justificación da lugar a pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención y hasta reintegrar el importe recibido. En febrero se solicitó un anticipo del 40% (3,7 millones).

Según el informe, para esa certificación se deberían haber finalizado los itinerarios como muy tarde a finales de junio, principios de julio para poder garantizar la tramitación y el pago, por lo que avisaba de que sólo se podían programar los itinerarios menores de 430 horas (12 especialidades).

El Ayuntamiento tendrá que seguir adelante con el proyecto porque al subvencionar a Granada otros se quedaron fuera

Y antes de iniciar los itinerarios, se ponían tareas: análisis económico financiero del proyecto, ampliación de crédito en las diferentes partidas presupuestarias para acometerlo, incorporar profesionales, aprobar bases de selección del alumnado, ver si todas las especialidades son las incluidas en el proyecto original o se pueden introducir otras o cambiar las que no están acreditadas en el municipio, como agricultura ecológica...

Además, se pedía reunión con la empresa que diseñó el proyecto para conocer su propuesta económica y se proponían adaptaciones en el calendario para finalizar los itinerarios en los plazos de certificación.

Sobre la empresa que diseñó el proyecto, Olivares denuncia que se aprobara una transferencia de crédito de 17.545 euros, disminuida de la aplicación becas y ayudas a la inserción, para pagar a la consultora Bussines and Estrategies in Europe SL. Transferencia aprobada en Junta de Gobierno local del 6 de julio de 2018 en la que se ratificaba un decreto de Alcaldía del 19 de junio y que supone una cantidad superior a la establecida que figura también en el informe asegurando que “la empresa contratada para la redacción del proyecto cobró unos 18.000 euros cuando la subvención máxima era de 8.357 euros, siendo asumido por el Ayuntamiento la diferencia sin que sea coste elegible en el marco del proyecto” y que no se pueden certificar hasta que se haya ejecutado el 50% del proyecto.

El 9 de mayo se envió al Ministerio una previsión de la certificación de la primera senda de julio correspondiente a los dos itinerarios finalizados donde se formó a 26 personas. Se preveía una ejecución de 127.000 euros, apenas un 5% de lo obligado a certificar y se advertía de una penalización sobre un itinerario prorrogado. Sobre itinerarios de certificado de profesionalidad, se abría procedimiento para cinco con finalización en 2020.

En ese mismo resumen del programa, un análisis DAFO incluía más debilidades y amenazas y fortalezas y oportunidades. Así, se señalaba como debilidades que la subvención no está ajustada a la dimensión de la población desempleada, que el proyecto está sobredimensionado en horas de formación, la capacidad financiera del Ayuntamiento o la penalización por incumplimiento de objetivos.