"La captación de terroristas a través de internet es un riesgo latente"

Dos pantallas de ordenador flanqueadas por un ejército de dispositivos de almacenamiento presiden la mesa del despacho de Francisco Hernández Guerrero, que lleva las riendas tanto de la Sección de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Granada como del Servicio de Tutela Penal de la Igualdad, Odio y Discriminación. Al lado, sobresale una montaña de papeles coronada por un inquietante expediente sobre un ataque contra la seguridad cibernética en Granada. El teléfono no deja de sonar. Tampoco la puerta. Internet da mucho trabajo.

-¿Cuáles son ahora mismo los principales delitos que se están cometiendo a través de internet?

-Tenemos una alta incidencia de los delitos de estafa: los cometidos por internet como un medio de engaño y las estafas en las que están implicados medios de pago, porque se obtienen los datos de la banda magnética y se producen cargos, transferencias a otros países e incluso apuestas en casinos on line. Eso es lo que más tenemos, pero lo que empieza a ser incipiente son los ataques a los sistemas de información. Luego está el sector personal, donde se sitúan los acosos, los ataques a la dignidad y las vejaciones, que siguen siendo una constante. La pornografía infantil se mantiene, pero están cambiando las formas de distribución.

-¿Ataques a sistemas de información?

-Sí. Estamos empezando a detectar una serie de ataques a sistemas informáticos, bien de empresas o de organizaciones, con diversos propósitos: tanto con el fin de la extorsión económica, es decir obtener una cantidad para liberar los datos (es lo que conocemos como ramsonware, o secuestro de un sistema), hasta ataques puros y duros de denegación del servicio.

-¿Antes no había?

-No se había denunciado antes. Ataques se habían producido siempre, pero el poner de manifiesto a la opinión pública la existencia de un bien jurídico que es la ciberseguridad y las consecuencias que tiene para todos nosotros que nuestros dispositivos no estén seguros está haciendo que las compañías denuncien cada vez más.

-¿Los delitos informáticos son los más difíciles de perseguir?

-Sí. Lo son porque requieren un conocimiento técnico muy avanzado, porque generalmente tienen un componente internacional que dificulta la persecución transnacional, y porque tienen una parte de análisis tecnológico muy intensa, que requiere de muchas horas de trabajo.

-¿Y de los delitos que aterrizan en su mesa cuáles son los que más le preocupan ahora mismo?

-Seguridad informática. Porque estamos viviendo ya en una sociedad entrelazada. Todos nuestros dispositivos están conectados entre sí y todos los servicios públicos dependen de sistemas informáticos. Un ataque a la seguridad informática supone un ataque a infraestructuras críticas, que no son sólo las centrales nucleares. Imagine un ataque a una subestación eléctrica, que puede dejar a oscuras una ciudad y crear el caos en materia de seguridad ciudadana, o un ataque al sistema de control de una presa. Los daños pueden ser de tal magnitud que, sinceramente, nos estremece.

-¿Cómo se puede prevenir?

-En primer lugar, y aunque parezca muy cursi, hay que empezar por la fase educativa: enseñarles a nuestros hijos desde un primer momento el valor de la seguridad informática, al igual que les enseñamos el valor de la seguridad vial. Hay que enseñar a todo el mundo la cultura de la seguridad informática. Si todos nuestros dispositivos están conectados, el dispositivo más débil es el acceso más débil que yo tengo en mi propia cadena. Lo vemos cuando entramos en las cuentas de Facebook de nuestros amigos: podemos estar surfeando por todos siempre que sus perfiles estén abiertos. Eso es un problema de seguridad, de privacidad en este caso, pero puede ser de seguridad. En segundo lugar, hay que tener conciencia a nivel público de la necesidad de una relación de cooperación entre el sector público y el sector privado, y dentro del sector público de todos los estamentos, y no solamente los organismos administrativos. Y por último, una concienciación de que efectivamente es un problema muy serio a muy corto plazo: cuanto más integrados estemos en internet, cuantos más servicios podamos usar a través de las líneas de datos, más vulnerables vamos a ser a cualquier tipo de ataque. Y, ojo, aquí no necesitamos un gran ejército, una persona con los conocimientos suficientes puede tumbar una ciudad o un país.

-Dicho así da susto.

-Es que es para asustarse.

-¿Sigue creciendo la criminalidad informática?

-Sí, sigue creciendo. Sinceramente no podemos decir si sigue creciendo o lo que se incrementa es el número de denuncias. En el segundo caso, sería positivo pues supone que la concienciación pública va aumentando. También lo que detectamos es que la gestión de la información que tenemos va siendo de mejor calidad, lo cual nos permite llegar a mejores análisis, aun siendo todavía muy insuficiente.

-A raíz de la última reforma del Código Penal, ¿se puede decir que se han endurecido las leyes para los ciberdelincuentes?

-Se han recogido nuevas figuras de delito atinentes fundamentalmente a la seguridad informática, a la ciberseguridad, para recoger precisamente esos ataques a infraestructuras críticas que antes no estaban reflejados en el Código Penal con tanta precisión. Además, había algunos problemas legales para poder llevarlos a juicio. Se han reflejado también algunos delitos relacionados con el ámbito personal. La figura del acoso persistente, que es nueva, viene a dar una respuesta al acoso a través de las redes en situaciones de violencia de género o, por ejemplo, en relación a los menores. El acoso a menores con propósito sexual también se ha visto mejor reflejado, porque antes no teníamos una figura del acoso a través de internet, sino que era la tipificación a través de internet o de medios de comunicación para quedar en el mundo real, obviando que muchas de las conductas se realizan exclusivamente en el mundo virtual. Se han dibujado mejor todos los delitos de pornografía infantil y, en general, podemos decir que sí ha habido una mejora. En los delitos de odio, también se ha reflejado la realidad de su comisión a través de las tecnologías de las comunicaciones, de redes sociales y de internet, y, por eso, nos ha dotado de nuevas armas para luchar contra estos comportamientos.

-¿Entonces ve con buenos ojos los cambios introducidos?

-Desde el punto de vista penal, sí. Lógicamente, poniéndole reparos técnicos, que en fin, tenemos que llegar a juicio para probarlos. Además, son medidas que nos venían obligadas por nuestra participación en la Unión Europea. Existe una homogeneización a nivel legislativo en todo los países de la UE, porque si no es posible tampoco cooperar. Ahora, tenemos unas definiciones comunes de delito.

-Ahora difundir imágenes que afecten a la intimidad de otra persona es delito.

-Ahora es delito. Antes del pasado 1 de julio, no. ¿Y es positivo o negativo? Depende. Hay algunas personas que lo ven como un aumento de la protección del individuo. Yo lo veo como una intromisión del Estado y una pérdida del concepto de la responsabilidad personal. Es lógico que te protejan frente a una invasión de tu intimidad, pero cuando tú lo has cedido y has dado tu consentimiento, bien por desconocimiento de las consecuencias bien por indiferencia a ellas, lo que ha habido ha sido una deslealtad personal, y sinceramente creo que sancionar eso con una respuesta penal es excesivo.

-¿Pero tienen que ser imágenes con contenido sexual?

-Se supone que se trata de imágenes que afecten a tu intimidad; que muestren una situación comprometida para ti. No tiene que ser solo eso, imagínese una borrachera y la persona andando a cuatro patas... Aunque eso lo entenderíamos como una deslealtad personal. Ahora, no nos llevemos a engaño, generalmente van a ser imágenes de contenido sexual. Cada caso, no obstante, tiene sus matices, por la finalidad con la que se denuncia, el propósito adicional que puede llevar, como un acoso moral o una venganza...

-Se ha referido antes a los delitos de odio. ¿Cree que hay cierta confusión sobre lo que son?

-Completamente. El discurso del odio es un precursor de la violencia, lo que pretende es sancionar aquellas manifestaciones que pueden incitar a un clima de violencia. En sí no son la violencia, pero sí pueden ser el motivo o el disparadero para que una persona cometa hechos violentos, por motivos de discriminación racista, xenófoba, o por orientación sexual... No hay que confundir el discurso del odio con la agresión en sí. Estamos viendo que es el caldo de cultivo de vocaciones terroristas. Si tú estás fomentando el discurso del odio frente a un grupo y vas creando ese caldo de cultivo, pueden acabar creyendo unas ideas absolutamente absurdas y violentas. Empezamos con el tema del genocidio nazi, hoy tenemos la captación yihadista de musulmanes de segunda generación en países de Europa y también nos encontramos con los movimientos de ultraderecha que se están produciendo en Europa por los movimientos migratorios. En España encontramos brotes xenófobos en zonas industriales, altamente densificadas.

-¿En Granada no?

-En Granada no tenemos detectado eso. Ojo, en España no tenemos un discurso de odio de ultraderecha. Lo que teníamos era una apología del genocidio, una negación del genocidio, que en Granada dio lugar a una o dos sentencias contra determinada librería. Lo que más hay en Granada son actividades más de extrema izquierda. Pero bueno, también pueden ser incitadoras al odio y la discriminación.

-¿Por qué no acusó la Fiscalía al tuitero que amenazó a una exconcejala de IU? Sorprendió.

-Sorprendió precisamente por esta confusión. Porque la perjudicada se consideraba no protegida en su honor y amenazada por una persona que se hallaba a 700 kilómetros de aquí y que no realizó ningún acto contra su libertad. Se investigó por la Policía la participación de esa persona, del autor de los tuits, en grupos de ideología nazi. Se comprobó que efectivamente tenía una afinidad neonazi, pero no había promovido con sus mensajes ninguna actuación ilícita de nadie. Él podía ser violento, pero tal y como estaba redactado el delito de odio a la fecha en la que se produjeron los hechos, no era delito, no encontramos esa provocación de actos delictivos. Si eso lo hubiéramos juzgado hoy, hubiésemos acusado sin ninguna duda a esta persona. No fue falta de sensibilidad, sino una cuestión de legalidad: antes [de la reforma de 1 de julio] se exigía que se promoviera una situación de violencia y hoy basta con promover o incitar una situación de violencia. Ese verbo es el que hoy nos hubiera permitido sancionar aquello que no podíamos. Le indicamos el camino procesal, pues había hechos (la generación de un perfil falso a su nombre) que sí podía ser perseguible a título de injurias. Y como era un delito privado, porque las injurias iban dirigidas a ellas como militante de un partido y no como concejal, el fiscal no podía intervenir. No lo siguió y no quedó más remedio que declarar lo ocurrido un falta de amenazas, que es por lo que ha sido condenado.

-¿Van en aumento los delitos de odio?

-No. No estamos comprobando la existencia de un incremento de delitos de odio. Es un fenómeno marginal, gracias a Dios.

-Hace unos días, un transexual de Granada sufrió una agresión homófoba. ¿Está el caso en sus manos?

-Estamos orientando la investigación policial al respecto y, efectivamente, lo consideramos un delito de odio: un delito de causación de una humillación a una persona por motivo de su orientación sexual.

-¿Será calificado así entonces?

-Si se identifica a sus autores, sí.

-¿Se puede encuadrar también en los delitos de odio el acto ultramachista por el que la Fiscalía Superior abrió una investigación?

-Inicialmente lo era. Aunque más que de incitación a la violencia, que podía serlo, era un acto de enaltecimiento de esas ideologías. Se realizó la investigación policial pertinente, se contra actuó y se lo pensaron mejor.

-¿Se pueden pinchar ya los ordenadores?

-Legalmente, sí.

-¿Y se están pinchando?

-No. No se están pinchando. Hemos de garantizar muchos requisitos legales antes de intervenir un ordenador, que es realizar un registro domiciliario solamente en un sector de la casa (el acceso a su sistema informático) con una agravante: el hecho de que nadie lo detecta. Entonces, las cautelas que hemos de adoptar son muy superiores a las que exigiríamos con una entrada y registro. No hemos autorizado y yo no he informado favorablemente a ninguna intervención.

-Ciberbullying. ¿Se ha detectado algún caso en Granada?

-La sección de la Fiscalía encargada de ese asunto sería lógicamente la Fiscalía de Menores, pero tenemos la coordinación necesaria para solventar los problemas técnicos o de interpretación de esos delitos desde el punto de vista del derecho informático. No se han detectado, pero estamos muy al tanto y preguntando constantemente tanto a los centros educativos como a las fuerzas de seguridad. ¿Qué es lo que hacemos? Muchísima prevención.

-¿Tiene constancia de que los yihadistas hayan intentado captar adeptos aquí?

-La captación con fines terroristas es un riesgo latente de nuestra sociedad. Lógicamente ocupa y preocupa a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a la Administración de Justicia. Pero hay rastreos continuos y en internet hay ciberpatrullas que tratan de controlar esos elementos y evitar tragedias.