El macrojuicio por el caso Serrallo de Granada, que comenzó en febrero y se ha extendido durante tres meses sin contar el tiempo sin sesiones por la pandemia, ha quedado hoy  visto para sentencia tras los informes de las defensas, que se han presentado como "víctimas inocentes" de las acusaciones.

La sala especial de Caleta habilitada para este macrojuicio, que se adaptó después a las condiciones de la pandemia, ha acogido la última sesión del juicio por la caso Serrallo, dedicado a analizar la concesión de una licencia para discoteca en unos espacios verdes.

La causa, que comenzó con 17 acusados y ha acabado con 9, ha terminado hoy con la exposición de los informes de parte de los procesados y de los responsables civiles, unos alegatos que comenzaron ayer y que han coincidido en presentar a los imputados como "víctimas inocentes" de un proceso extendido durante años.

El letrado del exalcalde José Torres Hurtado, Pablo Luna, ha explicado a preguntas de los periodistas que su inclusión en la causa fue ya "ilícita" y se gestó por la adhesión de Vox, que ejerce la acusación popular, a un recurso de la Fiscalía.

En su escrito, defendido ayer, Luna aseguró que en el proceso se ha "vulgarizado el derecho penal" y, con un informe "muy jurídico", aseguró que no han existido indicios de que el exalcalde haya cometido ninguno de los delitos que se le imputan.

Ya el pasado 15 de junio la Fiscalía presentó su escrito de conclusiones definitivas de la causa en el que consideró que los acusados alcanzaron un "concierto previo" para construir una discoteca en una zona dedicada a espacios libres y que ocultaron partes de informes para ampliar las ganancias.

El Ministerio Público ha defendido desde el inicio de la causa que los acusados se saltaron la legislación urbanística para permitir una discoteca que ampliaría el beneficio del promotor Roberto García Arrabal, cuya defensa ha subrayado hoy que no se ha aportado prueba alguna de los delitos.

"Ha sido una acusación huérfana de pruebas", ha resumido la defensa de la que era directora general de Urbanismo Mari Paz Spínola, un sentir general de todos los procesados que han insistido en que "no se puede hablar de delitos" por la falta de "indicios de actuaciones sospechosas o contrarias a derecho".

Todas las defensas han solicitado la condena expresa a costas para las acusaciones y han lamentado los años de condena pública y la "vulneración" de la presunción de inocencia de los procesados.

"Denunciar es gratis, ahora toca esperar una sentencia absolutoria y la condena a costas de las acusaciones", han resumido.

La Fiscalía solicita cinco años y medio de cárcel para Torres Hurtado y diez para la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto y para el entonces director de Obras Municipales Manuel Lorente.

Según su relato, desde 2006 se vulneró la legislación urbanística para dedicar espacios libres a usos "distintos a los autorizados" y con el acuerdo del empresario y procesado García Arrabal.

Los acusados han renunciado a hacer uso de su derecho a la última palabra en un juicio que ha quedado visto para sentencia.