Granada

Un caso de talla monumental

  • La causa que ha batido récord de tardanza judicial se ganó el calificativo de 'macro' por la cifra de implicados y unos plazos desmesurados

Excepto las condenas y las indemnizaciones, no hay nada discreto en el caso Alhambra. Ni los tiempos, ni el número de implicados, ni los delitos que inicialmente se imputaron a los 50 acusados. Todas las magnitudes que durante 12 años han rodeado a la causa son monumentales, haciendo honor al objeto del fraude que la Audiencia Provincial ha considerado probado en una sentencia que, como no podía ser de otra manera, ocupa más de 240 folios.

El caso, o al menos su vertiente pública, se remonta al 28 de diciembre de 2005, cuando la Policía Autonómica detuvo a los dos primeros implicados, Francisco C. J. y Antonio S. O., que a la postre han resultado los dos principales condenados por la Audiencia. El guía turístico, dueño de la agencia Daraxa Tours y vinculado también con la ya desaparecida Washington Irving Travel -propiedad de su cuñada, otra de las condenadas-, ha sido sentenciado a 17 meses de prisión, mientras que Antonio S. O. afronta diez meses de cárcel.

Sus detenciones dieron el pistoletazo de salida a un caso que se ha resuelto, al margen de los recursos y solicitudes de indemnizaciones que ya han anunciado los implicados, 12 años, un mes y 19 días después. Pero la investigación se remonta al mes de julio de 2005, cuando una investigación interna del Patronato de la Alhambra y el Generalife dio origen al que ha acabado siendo, muy a pesar de los acusados y especialmente de los absueltos, el caso decano de la Justicia andaluza.

Por aquel entonces, cuando ni siquiera los tornos habían llegado al monumento, el Patronato descubrió, a raíz de un trabajo de campo para la modificación del sistema de accesos, aglomeraciones injustificadas de visitantes en los Palacios Nazaríes, que no se correspondían además con la caída de tickets oficiales que se contabilizaron entre 2002 y ese 2005. La Alhambra detectó un elevado número de entradas selladas sin motivo, y fueron sus sospechas sobre el papel que jugaba la agencia Washington Irving Travel las que propiciaron que su propietaria, María Pilar A. B., cuñada del principal acusado y condenada a 9 meses de prisión, pusiera la denuncia que dio origen a la investigación judicial, dirigida durante años por el juez Miguel Ángel del Arco.

Conforme pasaron los días, las semanas, el caso fue creciendo. De dos detenidos se pasó rápidamente a cuatro, y para marzo de 2006 -tres meses después de los primeros arrestos- ya había 29 imputados. En 2007 la cifras se duplicaron, con 49 investigados, incluidos ya directivos del BBVA cuya política de anulaciones y cancelaciones había producido un quebranto al monumento, según las pruebas periciales, de 1,2 millones de euros. El 10 de marzo de 2014, cuando se cerró la instrucción del caso después de más de ocho años, el caso creció hasta los 77 imputados por cinco delitos, incluidos 32 controladores de la Alhambra, 6 oficiales del Patronato y un informático, además de 5 trabajadores del BBVA -entidad que en 2012 alcanzó un acuerdo extrajudicial con la dirección del monumento que le llevó a pagar una indemnización de 290.000 euros-, y otros 5 guías. Para octubre de ese año, tras el informe de la Fiscalía, el juzgado archivó la causa para 27 de los imputados, con lo que en septiembre de 2016, treinta meses después, comenzó el juicio oral con 50 imputados.

Tampoco hubo discreción en ese momento del proceso judicial. Medio centenar de acusados, 18 letrados, 66 testigos y 44 sesiones y una sala habilitada especialmente fuera de la Audiencia -en el complejo judicial de la Caleta-, que estuvo hasta la bandera durante los tres meses en los que se desarrolló el juicio.

La causa, con 90.000 folios contenidos en 165 archivadores y siete cajas de documentos, ha tenido consecuencias más allá del ámbito judicial. El descubrimiento del fraude llevó al Patronato de la Alhambra y el Generalife a tomar medidas urgentes para garantizar el control en los accesos y la venta de entradas al monumento. Según manifestó la denunciante inicial del caso, para los principales acusados la Alhambra era "un cortijo" en el que hacían y deshacían en todo lo referente a la gestión de los accesos y visitantes.

Las irregularidades detectadas por el propio Patronato -una de las 14 periciales cifró en 350.000 las personas que llegaron a entrar en la Alhambra de forma irregular entre 2002 y 2005, causando un quebranto económico al monumento de más de 3 millones de euros- aceleraron la puesta en marcha de un nuevo sistema de accesos. En enero de 2006, la dirección del monumento anunció que los tickets pasarían a tener código de barras y a ser impresos en papel de la Real Fábrica de Moneda y Timbre, a lo que se uniría la expedición de billetes únicos e individuales para cada una de las personas que accediera al monumento, acabando con uno de los modus operandi del fraude: que los billetes expedidos para un grupo fueran utilizados para más personas de las autorizadas. El caso también propició la puesta en marcha del sistema de videovigilancia en el monumento.

Desde entonces, el sistema de accesos del monumento se ha seguido modificando para adaptarse a las necesidades tanto de los clientes individuales como de los agentes de turismo organizado. El pasado mes de octubre entró en vigor un nuevo modelo que ha eliminado las colas entre los turistas particulares, y desde otoño se está aplicando un nuevo modelo de reparto de entradas para grupos basado en un algoritmo, que sufrirá una nueva modificación a partir de verano con la entrada en vigor de las entradas personalizadas también para los clientes del turismo organizado, que minimiza la polémica reventa entre agencias.

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