La pieza separada de la gasolinera del Caso Marchelo irá a juicio

Granada/No hay acuerdo de conformidad y habrá juicio. La pieza separada sobre la gasolinera de la Avenida de Andalucía de Alhendín del Caso Marchelo seguirá la vía judicial después de que este jueves, durante la última sesión de búsqueda de acuerdos de conformidad con implicados, los letrados de acusación particular y de las defensas no hayan conseguido encontrar posturas. Fuentes del caso explicaban a este periódico al inicio de estas sesiones que esta parte del proceso judicial se antojaba difícil de resolver de forma previa, algo que ya se ha confirmado.

El abogado de la acusación particular, José Manuel Urquiza, ha confirmado a Granada Hoy que la sesión celebrada este 20 de enero ha sido breve, ya que las posturas estaban alejadas de un acuerdo de conformidad, por lo que no se ha producido acuerdo alguno y la pieza irá a juicio, posiblemente antes del verano. En esta pieza, la Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de tráfico de influencias, delito continuado de prevaricación urbanístico y otro de prevaricación administrativa.

En este caso aparecen como acusados Manuel Fernández Moreno, exconcejal de Urbanismo en Alhendín; Salvador Nogueras, el que fuera edil de Obra Pública, o María José Garrido, la responsable de Cultura y Medio Ambiente; así como el empresario Rafael Tallón y el exarquitecto municipal José Manuel Zambrano.

Según el abogado de la acusación particular, en la sesión de hoy se ha solicitado una indemnización por daños y prejuicios sobre la que no se ha llegado a acuerdo, por lo que esta parte del caso de presunta corrupción en la localidad metropolitana será juzgado en los tribunales. La acusación solicitará entonces penas de cárcel para los acusados, que no llegarán en total a los 24 meses, así como la anulación de la licencia y el derribo de la gasolinera y una indemnización en concepto de daños y prejuicios por las pérdidas causadas al empresario por la competencia directa entre la estación de servicio investigada y su negocio de carburante.

La acusación considera que la gasolinera de la Avenida de Andalucía nunca debió construirse, ya que, según han denunciado, se levantó sobre unos terrenos que estaban calificados como residenciales. Preguntado sobre la cantidad económica que solicitarán en el proceso judicial, Urquiza no ha detallado la cifra exacta, que todavía habrá que cuantificar.

Fin a las sesiones de acuerdos

La de este jueves ha sido la última de las jornadas celebradas en la Audiencia de Granada con el objetivo de cerrar acuerdos sobre la causa del Caso Marchelo y facilitar su tramitación. La Sección Primera acordó el pasado año dividir este caso en tres piezas diferentes: la construcción de la gasolinera de la Avenida de Andalucía; la edificación de la Urbanización Novosur; y las presuntas irregularidades cometidas en torno al polígono Industrial Marchalhendín.

Sobre la vista de las presuntas irregularidades cometidas en torno al polígono Industrial Marchalhendín, en la que estaba citada una decena de personas, se plantearon acuerdos entre varios de los acusados y la Fiscalía, según pudo saber este periódico este martes de fuentes cercanas al caso. De hecho, el principal acusado de esta pieza, el exconcejal de Urbanismo, podría ver reducida la condena final acordada a una pena que ronda los dos años de prisión, cuando se le pedía hasta 26 años de cárcel.

En lo que respecta a la edificación de la Urbanización Novosur, cuya vista estaba prevista para este miércoles, esta tuvo que ser aplazada de forma indefinida debido a que, tras la dimisión de Francis Rodríguez como alcalde de Alhendín, el Ayuntamiento, personado en la causa como perjudicado, no podía presentarse a la misma. Sobre este caso, la Fiscalía, según consta en el escrito de acusación consultado por este periódico, considera que los hechos son constitutivos de un delito de cohecho cometido por un funcionario público, un delito de cohecho cometido por un particular y un delito continuado de fraude en la contratación, en concurso con la prevaricación urbanística o malversación de caudales públicos.

De una forma u otra, todas estas sesiones han supuesto avanzar en uno de los juicios más largos de la provincia, reconocido incluso por la Fiscalía provincial en su última Memoria anual, que lo calificó como "el asunto más antiguo que pende ante los Juzgados de instrucción de la provincia de Granada", que fue incoado en 2006 por un juzgado de Santa Fe.

De esa antigüedad da también buena cuenta otro dato. A lo largo de los 17 años de instrucción, la causa cambió de manos varias veces y con al menos tres jueces diferentes. También se han dado intentos de cerrar la instrucción. El 21 de octubre de 2009, el titular de ese Juzgado de Santa Fe dictó el auto de continuación del proceso como procedimiento abreviado (lo que supone pasar a una fase previa al juicio oral). Pero la resolución fue recurrida por el Ayuntamiento de Alhendín (acusación popular) ante la Audiencia Provincial, que tardó casi tres años en resolver y ordenar dar marcha atrás y practicar otras diligencias de investigación propuestas por las partes.

Los magistrados reprocharon al juez de Santa Fe que pasara "a otra fase distinta del proceso que supone el fin de la actividad instructora, pese a no encontrarse todavía completada la instrucción ni suficientemente investigados los hechos sobre este extremo". Llegaron a decir en el auto que la celeridad del juez "no resultaba admisible". Pero el tiempo y los hechos han evidenciado que la culpa de toda esta tardanza no se puede imputar a un solo juez.

Una tardanza que ha terminado por condenar, nunca mejor dicho, este caso al ostracismo de la opinión pública, algo que ha quedado patente en los alrededores de la Real Chancillería de Plaza Nueva durante esta semana.