Tres centros de formación de Granada que ofrecían títulos universitarios extranjeros cierran tras la inspección de la Junta

La proliferación de centros formativos de titularidad privada y su oferta de títulos son objeto de inspección por parte de la Junta de Andalucía. La Dirección General de Coordinación Universitaria de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación que dirige José Carlos Gómez Villamandos ha contabilizado cinco acciones inspectoras a centros de formación, privados, que "pudiesen estar impartiendo enseñanzas universitarias de acuerdo con sistemas educativos extranjeros". Tras estas cinco inspecciones tres de estos centros fueron cerrados. La misma Dirección General señala que las actuaciones realizadas no arrojaron "ningún hecho susceptible de actuación posterior".

La misma respuesta, firmada por el director general de Coordinación Universitaria, Mario Martínez Escoriza, y facilitada a través del Portal de Transparencia, señala que dos de esos centros formativos continúan abiertos tras la inspección realizada por la Junta. Otro aspecto importante que se detalla en la contestación es que "hasta la fecha no se ha tramitado ningún procedimiento sancionador en materia universitaria en la provincia de Granada", lo que no quiere decir que en el futuro se llegue a incoar, indica la Consejería.

La apertura de centros privados en Andalucía ha sido uno de los motivos de queja de los rectores del sistema público regional, que afean que los controles y exigencias para estas iniciativas no son los mismos que afrontan las universidades públicas. Estas discrepancias han sido públicas y todos los rectores del sistema público se han pronunciado. En el caso de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado ha reclamado "las mismas reglas de juego" para todos. En septiembre de 2025, en el acto de apertura del curso universitario, el rector afirmó que "respetamos la decisión legitima del gobierno andaluz de sumar al mapa universitario andaluz la oferta de distintas universidades privadas, respetamos la libre iniciativa privada en el ámbito de la educación superior, a la misma vez que reclamamos para esas nuevas instituciones la igualdad de condiciones de calidad y excelencia que se nos exige a las universidades públicas en nuestra docencia e investigación".

Aupa, la asociación que representa a las universidades andaluzas del sistema público, también ha mostrado su posición en varias ocasiones, como el comunicado en 2024 en el que mostró su "firme rechazo" a lo que denominó "estrategia de privatización del sistema universitario andaluz" que achaca a la Junta.

Esta queja, reiterada, obedeció entonces a la autorización de implantación de una universidad privada con sede en Madrid en Sevilla. "Con el actual gobierno autonómico estamos pasando de una a cinco universidades privadas en tan solo dos años, y ahora habría que sumar a las anteriores una sexta entidad privada, foránea en este caso, la Universidad Pontificia Comillas, para impartir enseñanzas universitarias oficiales del Grado de Enfermería en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Juan de Dios de Bormujos (Sevilla)", detallaba la nota de los rectores.

En respuesta, la Consejería insistió en su momento en que estas aperturas cuentan con informes favorables del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Desde la Junta también se ha recordado que se han rechazado hasta cinco iniciativas de creación de instituciones privadas por no cumplir con los requisitos.

En ese mismo 2024, año en el que la creación de universidades privadas en la región era motivo de tirantez, la Consejería informó de la aprobación del Plan de Inspección Universitaria, que precisamente se orientaba hacia los centros de enseñanzas universitarias que ofertan formación y expiden títulos conforme a sistemas educativos extranjeros.

Según dijo el consejero entonces estos centros "nunca hasta la fecha habían tenido un control de esta dimensión". Fuentes de la Consejería añadieron al respecto que es "la primera vez" que se está haciendo inspección en Andalucía y que para ello se han creado puestos de inspectores.

La ley universitaria de 2013 -a la que ahora sucede la recién aprobada LUPA- ya recogía esa actividad inspectora, pero hasta 2024 no se había "implementado", según la Consejería. Según dicha legislación, la inspección universitaria debe encargarse de vigilar, con carácter general, de que se cumplan los requisitos, condiciones y compromisos estipulados para reconocer nuevos proyectos universitarios, para aprobar la creación de centros o su adscripción o para la impartición de enseñanzas, en especial de las que se rigen por sistemas educativos extranjeros.

El Plan de 2024 incluía visitas o requerimientos de documentación para comprobar que los centros que ofertan titulaciones universitarias extranjeras contaban con la autorización correspondiente y cumplían con las exigencias de profesorado, plan de estudios o emisión de títulos.

En el caso de Granada, tres centros, según la respuesta de la Consejería, cerraron de los cinco que fueron objeto de actuaciones inspectoras a cuenta de ese Plan. Fuentes de la Administración indicaron que "seguimos los procedimientos administrativos establecidos para estos casos. Primero inspección y luego sanción si procede".