Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad detectaron el pasado año en Granada un total de 4.355 ciberdelitos, hechos presuntamente delictivos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto supone un incremento del 29,3% respecto a 2019 y representa el 8,5% del total de Andalucía, que en 2020 se situó en 39.157 ciberdelitos, un 36,6% más respecto a 2019.

Los datos contabilizados desde el año 2016 confirman que la ciberdelincuencia es un fenómeno en crecimiento y que aumenta progresivamente. En aquel mismo año se registraron 1.564 hechos detectados registrándose un ascenso consecutivo en los siguientes años hasta llegar a los 4.355 de 2020.

Las cifras están recogidas en el VIII Informe sobre Cibercriminalidad elaborado por la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y pueden consultarse en el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior.

Del total de ciberdelitos conocidos, el 85,1% (3.708) fueron fraudes informáticos (estafas). A mucha distancia le siguieron las amenazas y coacciones cometidas a través de Internet (286 casos), que representan un 6,5% y las falsificaciones informáticas con 179 casos (4,1%).

El informe señala que el perfil del ciberdelincuente en Granada es un hombre (73,3% de los detenidos o investigados), de entre 26 y 40 años y de nacionalidad española, presuntamente implicado en la comisión de fraudes informáticos, amenazas y coacciones y delitos sexuales.

El incremento progresivo de los delitos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones impulsó este año la creación del Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, con el objetivo de potenciar las capacidades para combatir esta modalidad delictiva. Aprobado por el Comité Ejecutivo de Coordinación (CECO) del Ministerio del Interior el pasado 18 de febrero, el plan dotó al departamento de los recursos necesarios para hacer frente a la ciberdelincuencia en cinco áreas: detección, prevención, protección, respuesta y persecución, así como la adecuada atención a las víctimas.

En el diseño del plan, dirigido por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), participaron responsables, especialistas, autoridades y expertos de Policía Nacional y Guardia Civil, policías autonómicas, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Consejo General de la Abogacía Española, CCN-CERT e INCIBE-CERT, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), así como de la universidad, de la banca y otras instituciones privadas.