Más de cien cuentas bancarias en todo el mundo y siete millones en criptomonedas: la justicia sigue el rastro del dinero del cabecilla de la trama de negocios estafados en Granada

La sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado la salida de prisión de Álvaro Romillo, que presuntamente financió ilegalmente la campaña de Alvise Pérez para las elecciones europeas y con vínculos en varios negocios de Granada. En el auto, consultado por este periódico, la sala da como válido el auto del Juzgado de Instrucción nº4 en el que se expone como motivos para la prisión la existencia de hasta 52 sociedades y 106 cuentas bancarias abiertas en diferentes países, además de ser considerado como titular de una cuenta de criptomonedas con más de siete millones de euros.

Los magistrados rechazan las alegaciones presentadas por el empresario al considerar que existe un riesgo de fuga por la "ingente capacidad económica” en el extranjero, lo que le permitiría "vivir holgadamente" y trasladarse a países sin acuerdos de extradición con España. Por lo que la sala ha decidido que permanezca en prisión, donde lleva algo más de un mes, después de que el instructor del caso lo enviase a prisión a principios de noviembre.

La resolución de la Audiencia da cuenta de hasta 27 transferencias por más de 12,9 millones de euros en una cuenta bancaria en Singapur, que a su vez habría recibido más de 29 millones de una cuenta procedente de Portugal, "entidad utilizada presuntamente por el investigado para desviar los fondos recibidos", se puede leer en la sentencia. También desde un banco luso se desviaron unos 18 millones de dólares a una cuenta ubicada en Tailandia. Paralelamente, la Audiencia cifra en 286 millones el valor de la defraudación de Romillo, que habría afectado a más de 3.000 personas.

Más allá de lo económico, los magistrados aseguran que el empresario cuenta con bienes inmuebles y muebles, vehículos y embarcaciones repartidos por "al menos" 15 jurisdicciones, aunque en esta ocasión no especifica cuáles.

La Audiencia Nacional investiga a Romillo por la ruina del Madeira Invest Club (MIC), un club de inversión en criptomonedas que escondía “un entramado societario internacional” con presencia en varios países, entre ellos España y concretamente Granada, donde los tentáculos de la presunta estafa afectó a varios negocios de la capital, entre ellos La Castellana, en Ángel Ganivet, que terminó cerrando en octubre de 2024, aunque también afectó a otros establecimientos como Negro Carbón y La Casual, así como el Hotel Colón.

Esta causa va paralela a la supuesta financiación ilegal, de 100.000 euros, a Alvise Pérez, algo que el propio Romillo reconoció en un escrito a la Fiscalía General y que dio lugar a la apertura de una nueva causa contra el empresario y el líder de Se Acabó La Fiesta. A raíz de esta apertura, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas ampliase su denuncia inicial para solicitar que el juzgado se inhibiera en favor del Tribunal Supremo por su condición de eurodiputado y, por tanto, de aforado. Sin embargo, el juez consideró que dicha petición no puede ser atendida sin formular la correspondiente exposición razonada en la que debería motivar las razones que le asisten para creer que es competente el alto tribunal.

El fundador de Madeira Invest se anunciaba como experto en elusión fiscal (su perfil en Tik Tok,@criptospain, contaba con más 212.000 seguidores), y con este argumento logró convencer a cerca de 30.000 personas para que accedieran a su club privado de inversión, que ofrecía altísimos rendimientos, de más del 50%, a través de inversiones en relojes, coches de lujo o inmuebles. Para acceder al club era necesario hacer un ingreso inicial de 2.000 euros, que posteriormente sería recompensado con transferencias bancarias en criptomonedas.