Medio centenar de familias viven con desesperación la falta de planificación en su momento y de respuesta ahora por parte de las administraciones al problema generado por la supresión de una vía de servicio en la autovía a la Costa. Son las familias de los trabajadores de la empresa Hormigones Nevada. Esa vía de servicio que ya no existe era la empleada por los camiones que transportaban áridos. Hace un año, según explican desde la Subdelegación del Gobierno, y a petición de los vecinos de la urbanización Novosur, en el término municipal de Alhendín, se instó a la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento a que acometiera la reforma de la rotonda que daba acceso a las viviendas. La reforma obligó a suprimir esa vía de servicio. Pese a que el proyecto estuvo expuesto para que los afectados alegaran, no hubo ninguna reclamación. Alhendín accedió a la supresión de la vía y Fomento, en el pliego, contempló que la eliminación de ese carril implicaba que se tendrían que utilizar los viales del municipio. Según explican desde la Subdelegación del Gobierno, nadie vio el problema que se avecinaba por cuanto que se previó que la salida 'natural' de los camiones de la empresa era por Ogíjares, y de hecho, se utilizó esa vía durante un tiempo. Sin embargo, en esa salida se colocó una señal de prohibición para vehículos de más de cinco toneladas. Existen otros dos carriles de servicio, pero de un único sentido. Los camiones empezaron a salir por la otra vía, que atraviesa 50 metros de la urbanización de Alhendín. Las quejas de los residentes obligaron al municipio a desplazar a la zona a agentes de la Policía Local, que después de dos semanas de corte de uno de los carriles, ayer procedió a inmovilizar a los camiones, según relataron algunos trabajadores de la empresa afectada.

En el escrito remitido por el representante de la empresa al Ministerio el pasado 18 de julio, José Sánchez insistió en el "grave e irreversible perjuicio" que el cierre de todas las salidas por carretera tiene para Hormigones Nevada. "Esta situación nos produce la ruina inmediata de nuestra empresa así como de todas las familias que dependen de forma directa o indirecta de ella", señala el representante en su escrito.

Desde la empresa se explica que cada camión cargado de hormigón detenido supone una cuantiosa pérdida económica. El hormigón fragua y, además de poder perder la carga (unos 500 euros por tambor) obliga a cambiar el propio tambor. Cada uno tiene un coste que puede llegar a los 15.000 euros, explican desde la compañía.

Desde la Subdelegación se explica que se es "consciente del problema" y que se va a hablar con los dos municipios. El alcalde de Ogíjares, Francisco Plata (APPO), expresó su preocupación por los hechos pero alegó que es un problema del Ministerio con la empresa. "Les hemos pedido quitar la limitación de tonelaje, pero nos han dicho que si lo hacemos nos denuncian", aseguró. Por su parte, el alcalde de Alhendín, Francisco Pedro Rodríguez (PP), indicó que la empresa está ubicada en Ogíjares y que lo razonable es que salgan por ese municipio, ya que, además, "siempre" han transitado por allí.

Los camiones estuvieron en la jornada de ayer parados hasta las 14:00 horas, momento en que la Policía Local se retiró. Los trabajadores han sido advertidos de que la situación se repetirá hoy si vuelven a intentar salir por el carril.