CASO PENTA

La ciudad se entrampa con un constructor durante una década

  • El Ayuntamiento abonará 16,4 millones a la promotora Vargas e Hijos

  • Una parte se pagará en especie con dos parcelas en La Chana y el piso del Centro Artístico

El Ayuntamiento de Granada ha esquivado un misil directo a la línea de flotación de su supervivencia. Eso sí, a un coste muy alto. La sentencia judicial en firme del Caso Penta obliga al Consistorio a pagarle a la constructora Vargas e Hijos SL 16,4 millones de euros por la chapucera gestión urbanística de la parcela que ocupa este edificio, situado en una zona de entrevías en el barrio de La Chana. El Ayuntamiento no puede afrontar un pago en metálico de tal magnitud , por lo que se ha negociado un calendario de pagos con la constructora que hipoteca a la ciudad durante una década.

De entrada, el municipio tendrá que afrontar 5,6 millones de euros en pagos inmediatos que se harán, de un lado, mediante abono en especie (con dos parcelas para VPO en La Chana y el piso que ocupa el Centro Artístico y Cultural encima del Teatro Isabel la Católica), y otros casi dos millones de euros mediante un cheque y un pago que asumirá Adif (el organismo estatal de infraestructuras ferroviarias).

El primer piso del edificio del Isabel la Católica será cedido a la constructora

El resto de la cuenta a pagar a la empresa será de 10.784.031 euros en plazos de 1.189.096 euros, a satisfacer durante los próximos nueve ejercicios a partir del año siguiente a la firma del acuerdo, según figura en el expediente municipal que ha podido consultar este diario.

El último capítulo de este culebrón, cuyo origen se remonta al año 1998, con el fallecido alcalde Gabriel Díaz Berbel al frente del Consistorio, le ha supuesto al Ayuntamiento cerca de 3 millones de euros más de losa por los intereses de demora sobre los 13 de la primera condena, precio que fijó la Comisión Provincial de Valoraciones por la expropiación forzosa de los terrenos situados en la calle Sirena, en la zona de Las Torres de La Chana. En total, el Consistorio se ha visto de golpe con la obligación de satisfacer 16,4 millones de euros a la promotora, lo que ha obligado a entablar una negociación que puede poner fin al litigio que colea desde el año 2003, fecha en la que adquirió los terrenos de la discordia. Y este ha sido el resultado final.

De forma más o menos inmediata, Construcciones Vargas e Hijos SL recibirá de las arcas municipales un primer pago (en cuanto el acta esté firmada por la empresa y el Ayuntamiento, previsiblemente antes de final de año) de 570.526 euros a través de un cheque. Después le será transferida a la promotora la cantidad de 1,3 millones de euros procedentes de un pago pendiente de Adif al Ayuntamiento por la expropiación de los terrenos sobre los que se levantó la pasarela que une la barriada de La Juventud-Rosaleda con La Chana.

Por último, y como forma de satisfacer de forma inmediata estos pagos, el Consistorio cederá a Construcciones Vargas e Hijos, en especie, dos parcelas de uso residencial y un emblemático piso en pleno centro de la ciudad. Todo ello valorado en 3,7 millones de euros.

La vivienda que el Ayuntamiento entrega a la promotora no es cualquiera. Se trata del domicilio que actualmente ocupa el Centro Artístico Literario y Científico de Granada, situado en la Acera del Casino, justo por encima de la entrada al Teatro Isabel la Católica, al que se accede por la calle Almona del Campillo, número 2. Este piso, que también ha acogido la sede de la Asociación de la Prensa de Granada, es un lugar histórico para la cultura de la ciudad.

El Centro nació en 1885 y fue el lugar donde se germinó el actual Festival Internacional de Música y Danza y se celebró el primer Festival del Cante Jondo en 1922. Fue sede de la cabalgata de los Reyes Magos y uno de sus socios fue Federico García Lorca, que se dio de alta cuando sólo tenía 15 años. Por una mala gestión urbanística del pasado, la ciudad va a perder para de uno de los espacios clave para entender la historia de la ciudad de finales del siglo XIX y principios del XX. El primer piso de ese edificio ha sido valorado 782.979 euros.

La constructora recibirá otras dos parcelas. Ambas están situadas en el barrio de La Chana, en la zona de expansión del Parque de las Alquerías en unos terrenos calificados para la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) que pertenecían a la antigua Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (Emuvyssa). Según figura en el expediente municipal al que ha tenido acceso Granada Hoy, el valor de esas parcelas asciende a 724.661 euros y 2.232.759 euros, respectivamente.

El pago a Construcciones Vargas e Hijos SL no se queda aquí. Falta el grueso de la condena y por la que se hipotecará la ciudad durante la próxima década. Según el expediente, el Ayuntamiento de Granada satisfará en nueve años y a partir del siguiente a la firma del acuerdo entre ambas partes la cantidad 1.189.096 al año hasta llegar a la cifra de 10.784.031 euros.

Esta negociación ha permitido al Consistorio salvar una situación por la que, según el concejal de Economía y Hacienda, Baldomero Oliver, como "metáfora" se podría "haber llegado al cierre del Ayuntamiento". "Por una parte, satisfacción por encontrar solución a problemas que ha dejado el PP a esta ciudad, pero por otra, con cierto cabreo porque nos complica la elaboración del presupuesto y cuadrar las cuentas", comentó el edil en la presentación de los acuerdos a aprobar en la junta de gobierno local, en cuyo punto 22 figura la aprobación de este acta de pago y ocupación. La negociación con la empresa fue llevada por el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid.

Por su parte, el concejal de IU Francisco Puentedura recordó que esto es "un nuevo pufo urbanístico del PP" que patrimonialmente "empobrece más a los granadinos". Sin embargo, también criticó al actual equipo de gobierno socialista por "no haber satisfecho este pago y haber evitado que cerca de 3 millones de euros sean por intereses de demora". "Pedimos al Ayuntamiento una auditoría real del urbanismo que depure responsabilidades con el personal técnico responsable de esta gestión y que pida y reclame patrimonialmente a los responsables de este pufo", sentenció Puentedura.

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