El origen del Caso Penta, también conocido como Caso Vargas, hunde sus raíces en el año 1998, por lo que este asunto es un paradigma de la mala gestión urbanística de la ciudad en las dos últimas décadas, donde el PP gobernó durante 13 años y el PSOE en 7.

Todo se inició cuando el gobierno del popular Gabriel Díaz Berbel firmó un convenio urbanístico con la promotora de José Julián Romero, que construyó el llamado edificio Penta concentrando toda la edificabilidad en una parcela de 5.000 metros cuadrados. A cambio, Romero cedía de forma gratuita a la ciudad 15.475 metros colindantes para hacer una zona verde.

Sin embargo, un año más tarde, apareció en escena la familia López Román, que se presentó ante el Ayuntamiento como propietaria de algunos de esos terrenos como más tarde quedó acreditado en un informe al que tuvo acceso este diario en octubre del año pasado. Pese a los requerimientos de esa familia, los técnicos municipales recomendaron otorgar al promotor la licencia de obras, después de aceptar una propuesta del empresario de hacer una addenda al convenio original. Éste entregaba casi la mitad de los metros a cambio de pagar 184.000 euros al Ayuntamiento como contrapartida. En 2001, la ciudad aceptó el trato y el promotor obtuvo el aval entregado años atrás, pero el informe jurídico ya advirtió de irregularidades.

Dos años más tarde, en 2003, la familia López Román vendió sus terrenos a la Constructora Vargas e Hijos y comenzó la sucesión de reclamaciones. Estos pidieron 26,2 millones por la expropiación forzosa, cantidad luego rebajada por la Comisión Provincial de Valoración a la mitad. Esos 13 millones debían ser abonados por el Consistorio. El informe jurídico detectó que los representantes del Ayuntamiento pudieron no haber favorecido los intereses municipales en ese proceso de valoración, al haber comunicado a la Comisión que esos suelos tenían valor lucrativo urbanístico, lo que le otorga al propietario el principal derecho a ser indemnizado.

La ciudad trató de reclamar en los tribunales que en realidad había una "ausencia efectiva de aprovechamientos de esos terrenos, independientemente de su titularidad, como consecuencia de su expresa y concreta acumulación en suelo urbano". El TSJA rechazó este argumento municipal.

En 2007, el informe jurídico consideró que había que esclarecer los hechos desde la perspectiva penal por circunstancias como "las consecuencias económicas de los incumplimientos producidos", "el beneficio económico obtenido con la construcción, promoción y venta sin asumir las obligaciones primeramente pactadas" o el posible "conocimiento" de esta situación que pudiera tener la actual empresa propietaria. Vargas e Hijos adquirió los terrenos en 2003 por 620.000 euros y consiguió "en menos de 4 años multiplicar su valor" hasta la indemnización millonaria que fue fijada. Y todo ello, "ante la falta de iniciación de actuaciones urbanísticas ni oposición de argumentos sólidos, unívocos y realmente eficaces" por parte de los representantes del Ayuntamiento.

El Consistorio, desde entonces, ha ofrecido el pago en especie a la constructora, que aceptó uno de ellos en 2008, pero al depreciarse los terrenos debido a la crisis, se cambió el convenio con un pago adicional de 1 millón de euros. La operación no se llegó a ejecutar. Los plazos acabaron y el acuerdo se rompió, volviendo Vargas e Hijos a reclamar el pago millonario que ahora acaba de estallarle al Ayuntamiento, con tres millones más de intereses de demora.