Condenan al SAS a pagar los gastos de un paciente de Granada que tuvo que operarse por privado de un desprendimiento de retina

El Juzgado de lo Social 1 de Granada ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a reintegrar a un paciente los 9.500 euros que le costó un tratamiento en la sanidad privada al que tuvo que recurrir por falta de quirófanos en un hospital público al que llegó con desprendimiento de retina. La sentencia, contra la que cabe recurso, respalda al paciente, un hombre de 65 años que en febrero de 2023 acudió al servicio de urgencias del Clínico San Cecilio de Granada con molestias en el ojo.

Al demandante, al que ha representado el abogado de la asociación El Defensor del Paciente Damián Vázquez, le diagnosticaron un desprendimiento de retina y, como era fin de semana, lo enviaron a casa con un colirio y reposo y le dieron cita para el lunes siguiente, el 6 de febrero, momento en el que le propusieron someterse a cirugía preferente. La especialista que atendió al demandante lo incluyó en la lista de espera y, aunque le explicó que podía perder la visión, programaron la intervención para el 13 de febrero por la falta de quirófanos disponibles.

Según ha explicado el letrado del caso, esa falta de disponibilidad fue certificada por escrito por la doctora que lo atendió, que además le habría recomendado verbalmente que se operase antes para evitar riesgos. El paciente siguió ese consejo y se sometió a una cirugía urgente en un centro privado el 6 de febrero, un tratamiento por el que tuvo que abonar 9.500 euros que el SAS deberá ahora devolverle.

La sentencia reconoce que la demora en la intervención por parte del SAS constituía un riesgo grave para la salud ocular del paciente que justificó su decisión de acudir al ámbito privado. La presidenta de El Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha apuntado que "desgraciadamente" es un problema que sufren miles de pacientes en Andalucía, por lo que ha recomendado que reclamen para evitar "problemas y abusos".

La sentencia refuerza, según la asociación, la doctrina jurídica que obliga a las administraciones sanitarias a asumir los costes derivados cuando los pacientes deben recurrir al ámbito privado por razones justificadas.