Convenio municipal con Cruz Blanca para reforzar la atención a personas y familias sin recursos

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado en Junta de Gobierno del pasado viernes el convenio de colaboración con la Fundación Cruz Blanca para reforzar la atención social a personas y familias en situación de exclusión o vulnerabilidad social. Se trata de un convenio de cooperación que no tendrá contraprestación económica para el Ayuntamiento y responde al objetivo de interés público en materia de servicios sociales comunitarios. Con una duración de cuatro años, establecerá los mecanismos entre la Fundación y el Área de Derechos Sociales para facilitar de manera voluntaria y gratuita el acceso a recursos para cubrir las necesidades básicas de personas y familias con escasos recursos económicos, sin acceso o con acceso limitado a otras ayudas, cuyos ingresos resultan insuficientes para hacer frente a necesidades básicas, incluyendo a personas en situación de sinhogarismo y a aquellas que requieren apoyo en procesos de inserción laboral, con independencia de que su situación administrativa sea regular o irregular.

La Fundación Cruz Blanca asume la atención directa de las personas derivadas desde el Centro Municipal de Servicios Sociales Chana, poniendo a disposición recursos económicos propios procedentes del Programa de Atención a Situaciones de Emergencia Social, financiado con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF. Para ello, la entidad destina inicialmente una cuantía mínima de 20.000 euros, susceptible de ampliación en función de la disponibilidad presupuestaria, que será gestionada directamente por la Fundación, sin que suponga ingreso alguno en las arcas municipales ni obligación de justificación económica ante el Ayuntamiento. Estas actuaciones se orientan a la acogida, acompañamiento y apoyo social de las personas beneficiarias, contribuyendo a la mejora de sus condiciones de vida y a su inclusión social.

Por su parte, el compromiso del Ayuntamiento de Granada contempla la derivación de personas y familias en situación de exclusión social, sinhogarismo o necesidad de inserción laboral, a través de los servicios sociales municipales, así como a la coordinación técnica necesaria para el adecuado desarrollo de las actuaciones previstas, sin que ello conlleve coste económico alguno para la Administración municipal.

El convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, con posibilidad de prórroga por un periodo adicional de hasta cuatro años. Para garantizar su correcto desarrollo, se constituye una Comisión Técnica de Seguimiento integrada por representantes de ambas partes, encargada de la coordinación, evaluación y resolución de posibles incidencias.