La junta de gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Granada ha manifestado a través de un comunicado su "profunda preocupación" por el "contenido" del acuerdo firmado entre el PSOE y Junts por el que se avanza en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. 

El Colegio de Abogados ha querido "manifestar públicamente -como juristas y alejados por supuesto de toda connotación política- su profunda preocupación" por el texto por ser, alegan, "un ataque frontal al Estado de Derecho en sus más elementales fundamentos, al poner en serio peligro la independencia del Poder Judicial y el principio básico de separación de poderes". 

"Resulta inadmisible permitirse cuestionar desde el poder político -a través de las denominadas comisiones de investigación- las actuaciones de los Jueces y Tribunales y si se ha producido lawfare (instrumentalización de la justifica con fines políticos), lo que supone una manifiesta injerencia en la labor judicial de impartir Justicia, eliminándose de facto la separación de poderes, pilar básico de nuestra democracia, que con ello se vería seriamente amenazada", señala el documento. 

"La Abogacía, en particular, no puede permanecer callada ante semejante vulneración de la Constitución y de las normas básicas del Estado de Derecho, y ello por la inseguridad jurídica que la simple posibilidad de que tales comisiones pudieran llegar a operar genera, aun bajo la supuesta legalidad parlamentaria", razonan los abogados.

"Se haría en contra de las legítimas decisiones de los Tribunales y de la estricta aplicación de las Leyes, quebrando el principio de igualdad consagrado en nuestra Carta Magna, lo que sitúa a los justiciables en un estado de desequilibrio y arbitrariedad en función de factores que son ajenos al principio de legalidad y que vendrían dictados por intereses políticos, con evidente perdida de las más mínimas garantías constitucionales", añade el comunicado.  

"La Junta de Gobierno del ICAGR denuncia y rechaza frontalmente dicha propuesta de acuerdo e insta a los poderes públicos a que rectifiquen los términos del mismo, para salvaguardar nuestro Estado de Derecho y los principios constitucionales que los abogados hemos jurado o prometido cumplir", concluyen.