La compañía de seguros que tiene contratada la póliza de responsabilidad civil del Ayuntamiento de Granada no está dispuesta a asumir la fianza millonaria del caso Serrallo impuesta al exalcalde José Torres Hurtado y al resto de concejales y funcionarios que tendrán que ir a juicio por este asunto judicial. Según fuentes municipales, la empresa habría comunicado ya a la capital que, a su juicio, esta opción no está cubierta por el seguro contratado.

La mercantil de seguros, que a través de la correduría local ha rehusado hacer declaraciones directas a este periódico, esgrime que en el artículo de "exclusiones a todas las garantías" hay un apartado en el que se mencionan los casos en los que el daño se produce por la "comisión intencionada de un delito". Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, la compañía ha comunicado sobre esta reclamación en particular que: "el siniestro queda fuera de cobertura por cuanto el mismo está basado en unos hechos dolosos imputados a los hoy reclamantes que no forman parte del objeto del seguro".

Esta situación abre un conflicto añadido en el ya de por sí complejo caso Serrallo, pues se produce ahora un debate legal de interpretación del contrato del seguro suscrito por el Ayuntamiento de Granada. La defensa de Torres Hurtado y las de otros acusados que eran concejales o trabajadores municipales destacan que la póliza de responsabilidad civil en vigor tiene un artículo específico dedicado a las "fianzas". En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, se especifica que el seguro incluye la constitución de "fianzas judiciales para garantizar las resultas civiles del procedimiento", así como las "costas judiciales". En un punto fundamental para este caso, el contrato dice que "las prestaciones citadas serán de aplicación asimismo en el caso de procesos criminales contra el asegurado que tengan su causa en el ejercicio de la actividad objeto del seguro".

Más adelante aparece en el documento que se excluyen los "daños debidos a la mala fe del asegurado o persona que deba responder, los derivados de la comisión intencionada de un delito, así como los que tengan su origen en una infracción o incumplimiento voluntario de las normas que rigen las actividades objeto del seguro". Ahora bien, las defensas alegan que eso aún no está demostrado porque no se ha celebrado el juicio y, por tanto, no hay delitos acreditados. De ahí que exijan la aportación de la fianza a la compañía, al menos mientras el resultado final del procedimiento judicial no se conozca. "Si resultaran condenados al final sí se les podría exigir que devolvieran el dinero, pero mientras tanto debe responder la compañía", declaró a Granada Hoy el abogado de Isabel Nieto, Ernesto Osuna.

Ese seguro de responsabilidad civil patrimonial, que cubre a "los miembros de la corporación, funcionarios, empleados, dependientes y, en general, el personal a su servicio en el ejercicio de sus funciones" y que alcanza los 3 millones de euros, se encuentra actualmente en vigor.

El exalcalde de Granada, José Torres Hurtado, que junto a la exconcejal de Urbanismo, Isabel Nieto y otros funcionarios municipales estaban citados ayer a aportar las cantidades o los bienes exigidos, presentó el lunes por sorpresa el citado seguro suscrito por el Consistorio.