Una sentencia judicial enfrenta al Ayuntamiento de Loja y los sindicatos sobre la dotación mínima de bomberos

Este miércoles finaliza el plazo otorgado al Ayuntamiento de Loja para ejecutar las medidas recogidas en la sentencia judicial que le obliga a garantizar la dotación mínima de efectivos en el parque de bomberos, algo que enfrenta a los respresentantes sindicales y al propio Consistorio, que ofrecen versiones opuestas sobre su cumplimiento.

La resolución judicial dio la razón a la parte demandante y ordenó la aplicación del Plan de Prevención, que establece que debe haber tres efectivos por turno como mínimo, “la mitad de la dotación completa”, con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad tanto para los profesionales como para la ciudadanía. Según explica a este periódico Miguel Camacho, representante sindical de los bomberos de Loja, el Ayuntamiento solicitó una aclaración de la sentencia tras conocerse el fallo, pero ellos solicitan "la aplicación de la sentencia y el juzgado volvió a pronunciarse exigiendo que se cumpliera lo dictado, independientemente de que recurrieran”.

El plazo concedido fue de 30 días hábiles para adoptar las medidas necesarias. Este miércoles, 28 de enero, se cumple el plazo y desde el 30 "la Administración tendrá que demostrar qué medidas ha tomado”, señala Camacho, que destaca que "hasta el momento no se ha hecho nada”.

El delegado sindical afirma que el Ayuntamiento, “por no entrar en mayores polémicas”, planteó la posibilidad de adoptar medidas que considera “insuficientes” y que pretendía contar con el beneplácito del sindicato. “Estamos hablando de condiciones de seguridad. No se puede negociar con eso”, subraya.

Trabajar por debajo del mínimo establecido implica, según explica, riesgos evidentes. “Si en un momento determinado hay una carga de trabajo que deben soportar tres efectivos en vez de seis, eso conlleva más riesgo de cometer errores. El ciudadano no es atendido como debería y los propios compañeros quedan expuestos”, advierte.

Camacho insiste en que la situación coloca a la plantilla “en una posición de vulnerabilidad”. “No tiene justificación ninguna que no se haya atendido al mandato judicial. Lo preocupante es que hay una sentencia firme a la que no se le está dando la importancia que merece”, afirma y, en el plano personal, reconoce sentir incredulidad: “No doy crédito a que exista un mandato judicial y no se hayan tomado medidas ya”.

La versión del Ayuntamiento

Frente a estas declaraciones, el Ayuntamiento de Loja, a través de sus servicios jurídicos, niega que la sentencia no se esté ejecutando. A preguntas de este medio, asegura que desde que se aprobó por unanimidad del Pleno en enero de 2022, el servicio "ha sido programado por el jefe de bomberos en la cantidad de tres funcionarios por turno”, remitiéndose a los cuadrantes elaborados por el responsable del servicio, en cada momento.

Asimismo, el Consistorio señala que en julio del pasado año CSIF impugnó los cuadrantes de 2025 solicitando su suspensión que establecían dichos efectivos en número de tres y cuatro, para pretender que se quedaran en dos. El Ayuntamiento afirma que se opuso a dicha petición y que la jueza en septiembre de 2025 les dio la razón, considerando que esta circunstancia evidencia “el sinsentido” de la polémica.

Sobre la ejecución del fallo judicial, el Ayuntamiento sostiene que no está "de acuerdo con que la sentencia no se esté ejecutando en sus términos” y subraya que “siempre ha preservado la integridad de sus trabajadores y de los vecinos”. Añade que cuentan con “un informe de riesgos laborales actualizado y validado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social” que contempla un protocolo específico de actuación en caso de siniestros.

Además, defiende que “las medidas de seguridad son las mismas que otros parques de bomberos de la provincia de Granada, como Baza o Almuñécar”, por lo que considera que “el alarmismo no resulta ni real ni justificado”.

En relación con la aclaración judicial que obliga al cumplimiento independientemente del recurso, el Ayuntamiento insiste en que el servicio “se está prestando de acuerdo con un protocolo”, derivado de informes técnicos, y recalca que “no es criterio político ni de este equipo de Gobierno ni de este alcalde”.

Riesgo en caso de emergencia

Desde la representación sindical recuerdan que una emergencia no se puede prever. “Una situación de emergencia ocurre de un minuto a otro. Debe haber personal disponible. Con personal suficiente, los daños personales y materiales se aminoran”, señala Camacho.

El delegado recuerda una máxima del servicio: “Los primeros que tienen que estar protegidos son los propios profesionales de la emergencia. Hay que llegar al accidente con las máximas garantías para poder prestar ayuda de forma adecuada”. A su juicio, mantener la actual falta de efectivos supone un riesgo tanto para la plantilla como para la ciudadanía. “Es un acto de irresponsabilidad para con sus vecinos y con la plantilla de bomberos no cumplir con el mandato judicial”, sostiene y apunta que existen requerimientos previos de la Inspección de Trabajo que tampoco se habrían atendido, lo que califica de “dejadez e irresponsabilidad”.

“Hay una orden judicial que debe cumplirse. Independientemente de que el Ayuntamiento haya recurrido, tiene la obligación de actuar”, concluye el representante sindical, quien insiste en que la prioridad es garantizar la seguridad en cada intervención y evitar que una emergencia pueda verse agravada por la falta de personal suficiente.