José J.C. era un adinerado anciano de Escóznar. En la última etapa de su vida, tuvo una persona encargada de su cuidado, una joven veinteañera a la que contrató para su aseo personal y las tareas domésticas de la casa. José murió en una residencia el 24 de diciembre de 2006, a los 83 años y con bastante dinero menos en su cuenta: faltaban unos 78.000 euros.

Según su familia, sus ahorros comenzaron a mermar de forma considerable desde que contrató a aquella cuidadora, María N.C., que ahora se enfrenta a un proceso judicial por presunta estafa.

En el caso, que se ha investigado en los juzgados de Loja, los sobrinos del octogenario -José no tenía hijos- ejercen la acusación particular como herederos perjudicados y están representados en el procedimiento por el letrado Carlos Vega.

La causa se encuentra ya en la fase de calificaciones, que es cuando el fiscal y las partes formulan sus conclusiones provisionales de cara al juicio oral. Por el momento, han formulado acusación contra la cuidadora los sobrinos del octogenario, que reclaman que sea condenada a 4 años de prisión y a una multa de ocho meses, así como a la devolución del dinero que supuestamente la mujer se habría apropiado.

El escrito de acusación de esta parte sostiene que la joven, "aprovechándose de la avanzada edad de José J.C., y de su deteriorado estado de salud mental, convenció a éste, en perjuicio de su patrimonio, mediante engaño o cualquier otro ardid y abusando de su confianza como cuidadora del mismo, para que le entregara cantidades importantes de dinero".

En concreto, siempre según la acusación particular, habría logrado que el anciano realizase múltiples "reintegros para la entrega en efectivo a su favor". Algunos de ellos de hasta 4.000 euros. Asimismo, "consiguió" que en marzo de 2006 José realizara una transferencia bancaria de más de 47.000 euros a una cuenta titularidad de una empresa de coches. Dicha transferencia se realizó "en pago del precio de la adquisición de un vehículo de alta gama, de la marca Mercedes, modelo SLK, automático y descapotable biplaza, que se facturó y matriculó exclusivamente a nombre de la acusada".

José padecía un trastorno esquizofrénico residual, con trastornos de conducta y deterioro cognitivo incipiente. Como su estado iba empeorando, un juzgado de Loja acordó la autorización para su internamiento con carácter urgente. Esto ocurrió el 27 de julio de 2006, cinco meses antes de su fallecimiento. Sus sobrinos, que residen en Cataluña, están convencidos de que lejos de destinar el dinero a su manutención, la acusada lo empleó en "beneficio propio". En este sentido, la acusación particular destaca en su escrito que antes de entrar en la residencia José se encontraba "en manifiesto estado de abandono, descuido higiénico, desnutrido y en un entorno degradado".

El asunto se está tramitando en el Juzgado de Instrucción 2 de Loja, que el pasado día 3 de diciembre dictó un auto para que comience la preparación del juicio. En dicha resolución, el juzgado concluye que "existen indicios racionales" de que en el período de tiempo comprendido desde enero de 2005 hasta junio de 2006, María N.C., convenció a José para que le realizase diversas entregas de dinero, ascendiendo a un total de 75.000 euros.

El auto establece así que se desprende de lo actuado "que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un presunto delito de estafa". Si el asunto acaba llegando a juicio -aún podría pedir el fiscal el sobreseimiento-, será la Audiencia provincial de Granada el tribunal que se encargue de impartir justicia.

La joven acusada, según fuentes del caso, asegura que el dinero que obtuvo mientras cuidó al anciano se lo entregó éste de forma voluntaria.